«Ser es defenderse», RAMIRO DE MAEZTU
La Gaceta de la Iberosfera
Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.
SE PREVÉ QUE SEA ANTES DE VERANO

Venezuela, a la espera de que La Haya abra una investigación formal por los crímenes de lesa humanidad del chavismo

El tirano Nicolás Maduro durante un discurso

Los venezolanos miran estos meses hacia La Haya a la espera de que la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional decida si abre una investigación formal por crímenes de lesa humanidad contra el régimen chavista, un paso que la oposición da por sentado si se «actúa pegado a Derecho».

Venezuela ratificó el Estatuto de Roma en junio del año 2000, con el tirano Hugo Chávez al frente del Gobierno, lo que abrió la puerta a que el TPI tenga desde julio de 2002 competencias para examinar los crímenes cometidos en el territorio.

La causa ‘Venezuela I’ deriva de una denuncia presentada por varios países del Grupo de Lima y confirmada en febrero de 2018. Sobre la mesa están los abusos cometidos por las fuerzas chavistas desde abril de 2017 y, en términos generales, la represión de las protestas convocadas contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

En 2020, la oficina concluyó que hay indicios razonables de que pudieron cometerse crímenes de lesa humanidad, en particular por los abusos cometidos durante la detención. Estos meros indicios ya fueron celebrados como un aval por parte de la oposición.

El Estatuto de Roma no establece ningún plazo límite para cerrar las investigaciones preliminares, pero Fatou Bensouda ya adelantó en 2020 que prevé dar algún paso antes de dejar la oficina a mediados de junio. A partir de esa fecha, el británico Karim Khan tomará las riendas de la Fiscalía del tribunal de La Haya.

Fuentes de la oficina fiscal han confirmado a Europa Press que el calendario planteado por Bensouda se mantiene, es decir, que la «decisión final» sobre ‘Venezuela I’ llegará «en la primera mitad de 2021».

La abogada y política venezolana Delsa Solórzano, miembro de la Asamblea Nacional elegida en 2015 e implicada en la campaña de denuncias internacionales, asegura que no dispone de más información que la que la propia fiscal ha facilitado en los últimos meses, si bien confía en que, fechas aparte, el resultado será positivo para su causa.

«Si la señora Fatou Bensouda actúa conforme a Derecho y apegada estrictamente a las normas del Estatuto de Roma, no hay ninguna posibilidad de que no se abra», sentencia Solórzano, en una entrevista telefónica con Europa Press en la que recuerda que la fiscal ya dijo «claramente» en 2020 que hay base para seguir tirando del hilo.

Si finalmente las pesquisas avanzan, llegará el momento de señalar a posibles responsables, «con nombres y apellidos». Solórzano cree que en la lista debería figurar «desde el propio Nicolás Maduro a ministros, altos jerarcas del régimen, jefes de las policías de Venezuela».

Bensouda -o su sucesor, llegado el caso- tiene vía libre para visitar Venezuela cuando así lo considere, en virtud de un permiso que le confiere el Estatuto de Roma y del que no gozan otros funcionarios internacionales, por ejemplo de organismos como la oficina de Derechos Humanos de la ONU, Organización de Estados Americanos (OEA) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

.
Fondo newsletter