El portavoz del Comité de Acción Política de VOX, Jorge Buxadé, ha alertado este lunes de la posibilidad de que el conocido como ‘pasaporte Covid’ se utilice en algunas comunidades para discriminar a las personas que decidan no vacunarse y ha adelantado que su formación recurrirá ante la Justicia cualquier intento de este tipo.
En la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede nacional del partido, ha cargado contra los Gobiernos de Galicia (PP), País Vasco (PNV-PSOE) y Baleares (PSOE) por «imponer la vacunación obligatoria» y también contra el Gobierno socialcomunista por recurrir sólo la ley gallega que prevé multas para quienes no se vacunen.
Tras recalcar que VOX ha recurrido en los tres casos, ha denunciado que también otras comunidades como Andalucía o Canarias se estén abriendo al «modelo de las élites de Bruselas» y quieran utilizar el certificado de vacunación para «discriminar a los niños en los colegios, los jóvenes en las universidades y los españoles en el acceso al empleo o el uso del transporte público».
«El DNI es el único certificado que nos acredita como españoles», ha dicho Buxadé incidiendo en que «ningún gobierno» puede limitar los «derechos inalienables» que este documento reconoce a sus portadores y que sería «una barbaridad» hacerlo. «Nos van a tener enfrente, con VOX que no cuenten para esta estrategia de enfrentamiento entre españoles», ha agregado, remarcando que «los españoles saben perfectamente cómo cuidarse, protegerse y defenderse» y dejando claro que su partido comprende tanto a los que quieren vacunarse como a los que no.
El TC mantiene en suspenso la vacunación obligatoria que impone la ‘ley gallega’
El pasado viernes el Pleno Tribunal Constitucional (TC) acordó de forma unánime (TC) mantener en suspenso la vacunación obligatoria que contempla la Ley de Salud de Galicia y señaló que puede suponer una «intervención corporal coactiva» ajena a la voluntad de los ciudadanos.
El epígrafe en suspenso mientras se resuelve sobre el fondo es el número 5 del artículo 38.2 b) de la Ley que faculta a las autoridades sanitarias autonómicas a imponer la vacunación obligatoria a la ciudadanía gallega a fin de controlar las enfermedades infecciosas transmisibles -cualquiera, no sólo el covid-19- en situaciones de grave riesgo para la salud pública.
Así, señala que se trataría de una medida irreversible y que se aparta de la actual Estrategia Nacional de Vacunación contra el coronavirus, acordada en el Consejo interterritorial de Sistema Nacional Salud, que establece la voluntariedad de la vacunación contra dicha enfermedad infecciosa.
