El jefe de la Delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha señalado que la Unión Europea «sigue su camino hacia el precipicio» después de que Bruselas haya iniciado los expedientes sancionadores contra Hungría y Polonia por promover leyes que se oponen al lobby LGTBI.
Así, Jorge Buxadé ha afirmado a través de la red social Twitter que son «acciones ilegales» que «no tienen fundamento jurídico en los Tratados» y basadas «en una falsificación de los hechos». «No respetan la democracia, la soberanía nacional, ni el sentido común. Son lobistas», ha añadido.
En este sentido, VOX censura que la UE «se atreva» a dar lecciones de democracia, Estado de Derecho y derechos humanos a Hungría y a Polonia, países que vencieron el terror comunista, y exige que «ponga fin a sus injerencias diarias en la soberanía de los Estados miembro».
Así, la formación censura «el linchamiento y el intento de humillación pública a dos países que se resisten a tragar con la agenda ideológica de los lobbies que controlan Bruselas».
VOX ya se opuso la pasada semana al informe que exigía a la Comisión Europea la aplicación de las nuevas normas que condicionan la recepción de fondos de reconstrucción europeos a «respetar el Estado de Derecho», unas reglas pendientes de evaluación por parte del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), puesto que Hungría y Polonia pidieron su anulación alegando que el reglamento carecía de base jurídica e interfería en competencias que son propias de los Estados miembro.
La UE ha tomado la decisión contra Hungría por la norma que impone penas más duras para pedófilos y prohíbe la propaganda LGTBI en las escuelas, y contra Polonia por decretar «zonas sin ideología LGTBI«.
Cabe señalar que el procedimiento de infracción arranca con el envío de una carta de emplazamiento que detalla las razones de Bruselas a las autoridades nacionales y les da un plazo de dos meses «para enmendar la situación». Además, los expedientes sancionadores prevén una segunda etapa de diálogo si no se resuelve el conflicto en esta primera fase y, en última instancia, el Ejecutivo comunitario puede elevar los casos ante el TJUE.
