La Corte Constitucional de Colombia ha ordenado el regreso de la actividad taurina a la Plaza Santamaría de Bogotá y ha invalidado los pliegos de condiciones que ha licitado la alcaldía de la capital, bajo los cuales se imponían requisitos de inviable cumplimiento con ánimo de perpetrar una prohibición encubierta. La decisión de la Corte Constitucional llega tras el éxito de público de las Ferias de Cali y Manizales, celebradas como es tradición en las fechas navideñas.
La Ley 916 de 2004 regula la realización de festejos taurinos en Colombia. A su llegada a la alcaldía de Bogotá, el hoy presidente colombiano, Gustavo Petro, desató una guerra abierta contra el toreo y anunció que no permitiría la celebración de festejos taurinos en La Santamaría. Ante semejante atropello, un grupo de novilleros se declaró en huelga de hambre y miles de aficionados tomaron las calles de Bogotá para defender la libertad cultural.
La Corte Constitucional intervino en 2013, con la sentencia de tutela T-296 que obligó a Petro a restituir la celebración de festejos taurinos en Colombia. Sin embargo, el Gobierno local prefirió acometer una reforma integral del coso e invertir millones de euros en la rehabilitación para prolongar más aún el vacío taurino de la capital. Su apuesta logró demorar el proceso, pero no fue suficiente para impedir la eventual recuperación de la actividad taurina, con la celebración de una exitosa temporada a comienzos de 2017.
En 2018 y 2019 volvieron a celebrarse con normalidad los ciclos taurinos de La Santamaría, que suelen concentrar sus principales festejos en el mes de febrero. Sin embargo, la nueva alcaldesa de la capital, Claudia López, volvió a bloquear la celebración de eventos taurinos en 2020, esta vez aplicando un pliego de condiciones que hace inviable la organización de la temporada. Esta prohibición por la puerta de atrás se apoya en dos tipos de abusos: por un lado, se exigen unos costes que hacen económicamente inviable la programación de las corridas; por otro lado, se plantean modificaciones de la lidia que desnaturalizan el espectáculo y suprimen algunos de sus principales ingredientes, caso de los tercios de varas y banderillas. Las restricciones sanitarias de la pandemia del covid-19 fueron empleadas como excusa para tumbar la temporada de 2021, mientras que en 2022 se volvió a plantear una licitación imposible.
Ahora, la Corte Constitucional ha fallado en defensa de los taurinos y ha denunciado las condiciones de la licitación, que considera improcedente por haberse realizado «al margen de las características habituales que permiten asegurar la calidad y el contenido de tal expresión artística». El máximo organismo judicial colombiano ha insistido además en que los plazos y los costes de la licitación fueron imposibles de cumplir y recuerda que los municipios no tienen competencias para modificar o eliminar los tercios de las corridas de toros, cuya reglamentación solo puede alterarse tocando la Ley 916 de 2004.
Está por ver si la alcaldía de Bogotá cumplirá con la sentencia. De momento, la noticia ha sido recibida con gran alegría por los aficionados y profesionales del sector, que sueñan con la posibilidad de programar corridas de toros en La Santamaría. Por parte de las principales figuras del toreo existe predisposición a facilitar su contratación y dentro del sector taurino se aprecia un clima de unidad en torno a la situación que atraviesa el toreo en Colombia, de modo que, en caso de que se respete el fallo de la Corte Constitucional, parece viable que se vuelvan a dar toros en Bogotá.
Petro no se va a rendir
A finales de diciembre, Gustavo Petro atacó la celebración de las corridas de toros en Cali a base de impedir la actuación del joven «niño torero» Marco Pérez. Esta decisión, a todas luces contraria a la regulación aplicable, acabó disparando la asistencia a los últimos festejos de la Feria del Señor de los Cristales, que cosechó mejores datos de taquilla que el pasado año, a pesar de la persecución del Gobierno.
Petro, quien fuera integrante del grupo terrorista M-19, es un firme aliado con los demás líderes del socialismo bolivariano. Enemigo declarado del toreo, ha anunciado que aplicará un IVA del 19% a las corridas de toros, a pesar de que dicho espectáculo ya soporta un gravamen municipal. En la práctica, esto elevará al 34% el coste fiscal de las entradas, encareciendo notablemente el acceso a las plazas.
En paralelo, sus aliados parlamentarios están promoviendo una votación que busca acabar con los toros en 2026. Se trata del Proyecto de Ley 85/22, promovido por la representante animalista Andrea Padilla, integrante de la misma coalición política del presidente Petro y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Aunque dicha iniciativa legislativa logró avanzar en la primera votación, ahora se abre un proceso de deliberación más dilatado en el que Padilla deberá conseguir el respaldo mayoritario de ambas cámaras legislativas, para lo cual cuenta con el respaldo activo del Gobierno. La situación, por tanto, sigue siendo delicada.
