Primero fue la Asociación Española contra el Cáncer. Ahora es el mismísimo Consejo General de Colegios de Médicos el que responde a las inquietudes eutanásicas del separatismo catalán y del PSOE.
El Código de Deontología Médica establece que el profesional sanitario «nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste». Así de sencillo ha explicado la Asamblea de los Colegios Médicos su postura ante la toma en consideración en el Congreso de los Diputados de una proposición de ley remitida por el Parlament de Cataluña para reformar el Código Penal y contemplar así la eutanasia y el suicidio asistido.
En un comunicado hecho público este lunes, el Consejo se reafirma como profesión médica en su compromiso de servicio al ser humano y a la sociedad así como en el respeto a la vida humana, la dignidad de la persona y el cuidado de su salud.
Lo que realmente es “prioritario y urgente”, a juicio de los médicos, es una legislación que garantice el “acceso universal y equitativo” a los cuidados paliativos de calidad en el Sistema Nacional de Salud. La misma reivindicación que hacía, días antes, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que exigió que, antes de debatir sobre la eutanasia, los políticos garanticen el derecho a unos cuidados paliativos adecuados.
Científica y éticamente correcta
La normativa, añaden los médicos, debe garantizar «el derecho a la sedación paliativa en la agonía, de forma científica y éticamente correcta sólo cuando existan síntomas refractarios a los recursos terapéuticos disponibles y se disponga del consentimiento del paciente implícito, explícito o delegado». En estas circunstancias -advierten- no cabe la objeción de conciencia.
El Consejo señala que, según el Código Deontológico, «el médico tiene el deber de intentar la curación o mejoría del paciente siempre que sea posible. Cuando ya no lo sea, permanece la obligación de aplicar las medidas adecuadas para conseguir su bienestar, aun cuando de ello pueda derivarse un acortamiento de la vida».
Recoge, además, que el médico «no deberá emprender o continuar acciones diagnósticas o terapéuticas sin esperanza de beneficios para el enfermo, inútiles u obstinadas. Ha de tener en cuenta la voluntad explícita del paciente a rechazar dicho tratamiento para prolongar su vida».
«Cuando su estado no le permita tomar decisiones, tendrán en consideración y valorará las indicaciones anteriormente hechas y la opinión de las personas vinculadas responsables», señala.
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