Hay una forma muy sencilla de ganar el discurso público y es haciendo trampas. El Departamento de Estado está financiando a un grupo que ha elaborado en secreto una lista negra de medios de comunicación de derechas con el plan de hundirles la financiación y disuadir a sus anunciantes hasta que cierren. Desde el pasado 9 de febrero Washington Examiner está publicado una saga de artículos en exclusiva que desvelan este escándalo.
«Los grupos de rastreo de fake news bien financiados son parte de una operación sigilosa que incluye en listas negras y trata de desfinanciar a los medios conservadores, lo que probablemente les cueste a las compañías de noticias grandes sumas de dólares en publicidad», desvela el periódico. The Global Disinformation Index (GDI) es un grupo británico afiliado con dos organizaciones americanas sin ánimo de lucro que trabaja para disuadir a los anunciantes de mostrarse en lo que consideran «medios de desinformación». «Su director ejecutivo es Daniel Rogers, miembro de la junta asesora tecnológica de Human Rights First, un grupo sin fines de lucro de tendencia izquierdista», señala la noticia. La misión de GDI es «eliminar el incentivo financiero» de cierta prensa, y su «resultado principal» es una «lista de exclusión dinámica» secreta que califica a los medios de comunicación en función de su supuesto factor de «riesgo» de desinformación.
Nadie va a sorprenderse al saber que la lista de los 10 «más peligrosos» está compuesta exclusivamente por medios de derechas, incluyendo The American Spectator, The Federalist, The American Conservative, los libertarios de Reason, o el New York Post; los 10 «menos peligrosos» son casi en su totalidad medios progresistas. En diversos documentos internos llegan a señalar públicamente a empresas como Amazon por anunciarse en artículos de opinión que consideran desinformación, como uno de Washington Examiner titulado «La obsesión de género de la izquierda es aburrida y absurda».
Examiner también ha desvelado que el GDI está vinculado al perejil de todas las salsas envenenadas, George Soros. Pero lo más grave es que el dinero público se esté utilizando en esta campaña secreta para arruinar a aquellos medios críticos con Biden: «Una organización sin fines de lucro financiada casi en su totalidad por el Departamento de Estado desvió cientos de miles de dólares más a un monitor de ‘desinformación’ que secretamente incluye en listas negras y toma medidas para desfinanciar a los medios de comunicación conservadores», detalla el diario en otra exclusiva.
Casi todos los medios conservadores, incluidos o no en las listas negras, han denunciado el grave e inédito ataque a la libertad de prensa que supone este plan. Como primera consecuencia de esas denuncias, Microsoft, una de las empresas que usaba las listas negras de GDI en su compañía de publicidad, ha anunciado la suspensión del uso de los servicios de esta polémica organización.
Que todo haya salido a la luz es buena noticia porque eso podría desactivar la operación. Pero como señala Jeffrey Blehar en National Review, «hoy tuvimos suerte porque el Examiner hizo su trabajo. Es posible que mañana no lo hagamos, o que nuestros llamamientos sean ignorados (no le sirvieron de nada al New York Post en 2020, y el futuro siempre está lleno de decepciones), porque nosotros, como conservadores —o incluso personas comprometidas con la verdad, independientemente de su tendencia partidista— ya no participamos más en la conversación de los medios en igualdad de condiciones. Sospecho que escucharemos más sobre esta historia en el futuro».
El GDI, escribe Margot Cleveland en The Federalist, «no busca prevenir la desinformación. Existe para censurar información precisa». «Este etiquetado está destinado a amedrentar a los anunciantes», escribe Rod Dreher en The American Conservative, «la National Public Radio, sin embargo, la fuente de noticias progresistas incondicionales, es considerada una fuente fiable por el GDI. Esto es lo que están haciendo con los dólares de los contribuyentes, gastados por la Administración Biden». «Ya sea que se trate de izquierdistas que manejan el GDI en Gran Bretaña con la ayuda de los dólares de los impuestos estadounidenses enviados por la administración de Biden, o de burócratas de izquierda en el Departamento de Estado de Biden», concluye Jeffrey Lord en The American Spectator, «el objetivo primero y último es cerrar los medios conservadores».
