Hace años que el debate ecológico está donde quieren los verdes y las izquierdas, que son lo mismo, mientras que la derecha a duras penas logra frenar las imposiciones ruinosas que nos llegan con el pretexto de salvar el planeta. Un inspirador artículo de Terry Schilling en The American Conservative plantea, en resumidas cuentas, que la mejor defensa es un buen ataque: «Los republicanos pueden ser nacionalistas ambientales y deberían serlo».
Dentro del debate ambientalista, resulta inevitable incluir también la ruina económica que las políticas progresistas verdes están trayendo a Occidente
Recuerda Schilling que las políticas ambientales progresistas no protegen en absoluto el medio ambiente, sus «soluciones climáticas incluyen una toma de control total de la sociedad». «La tierra estallará en llamas», argumentan, «a menos que le demos a Alexandria Ocasio-Cortez las llaves de toda la economía». «En lugar de dar dádivas a los demócratas ricos y los malos actores extranjeros», prosigue, «los políticos deberían centrarse en salvaguardar y utilizar los recursos naturales de Estados Unidos en beneficio de los ciudadanos estadounidenses», y menciona algunos ejemplos entre los que incluye plantar árboles en lugar de parques eólicos o apostar por la única energía no fósil confiable, la nuclear. Culmina su ensayo recordando que Roosvelt, el «conservacionista republicano más conocido», sí aplicó con decisión políticas ambientales: «Utilizó más de 230 millones de acres de tierras públicas para preservar y proteger los bosques nacionales, las reservas nacionales de caza, las reservas federales de aves y para establecer monumentos y parques nacionales».
Si bien, antes incluso de proteger nuestra naturaleza, deberíamos redoblar los esfuerzos por defender la vida humana
Dentro del debate ambientalista, resulta inevitable incluir también la ruina económica que las políticas progresistas verdes están trayendo a Occidente. Rupert Darwall defiende en The Federalist que «nuestra crisis energética es autoinfligida, un resultado previsible de las decisiones políticas tomadas por Occidente». Y recuerda, bajo argumentación de Josep Toomey: «Harán que China se convierta en el principal refinador de petróleo del mundo en los próximos años». Lo cual, por supuesto, es una pésima noticia para la economía y también para el medio ambiente.
Si bien, antes incluso de proteger nuestra naturaleza, deberíamos redoblar los esfuerzos por defender la vida humana, ahora que los provida están recibiendo la enésima zancadilla por parte de las Big Techs. Tal y como relata Sophia Corso en The Federalist, YouTube, propiedad de Google, está dirigiendo a los espectadores de vídeos provida a publicaciones abortistas. La excusa, como ya hicieron con ciertas publicaciones sobre la pandemia, es agregar «contexto» para proporcionar «información de salud sobre el aborto», mensaje de alerta que incluye ya una contradicción, por cuanto «salud» no es lo que mejor define las prácticas abortistas, al menos desde el punto de vista del niño, y después de todo, tampoco desde el de la madre.
«El descargo de responsabilidad de contexto de YouTube también incluye un enlace a la página informativa del aborto en la NML, que sugiere formas de abortar a un niño» y lo hace, además, recuerda Corso, «en términos absolutamente deshumanizantes». El botón de «más información» que propone YouTube lleva a los usuarios a un enjambre de enlaces con información práctica para el aborto, sin conceder ni una sola alusión a «páginas a favor de la vida o testimonios posteriores al aborto que exponen su horrible realidad». Es así como el progresismo woke se está aliando una y otra vez con las Big Techs para imponer su moral inmoral; quizá va llegando la hora de revisar la posición ventajosa de la que se aprovechan estas empresas tecnológicas para moldear sibilinamente la opinión pública de sus millones de usuarios.
El universo Google, en este caso YouTube, no es un caso aislado. Las Big Techs que llegaron con un indudable viento de liberalizaciones y libertades, especialmente en el ámbito de la libertad de expresión y opinión, han aprendido más rápido que ningún otro sector la ejecución de la censura. Esta semana Robby Soave informó en Reason de cómo PayPal podría multar a sus propios usuarios con 2.500 dólares por «intolerancia».
Para las Big Techs el dinero sigue estando antes que la ideología
La polémica saltó unos días atrás, cuando la empresa actualizó su contrato de usuario incluyendo una cláusula que prohíbe «el envío o publicación de cualquier mensaje, contenido o material» que «presente un riesgo para la seguridad o el bienestar» o que contenga «desinformación» o fake news. Por supuesto, para las Big Techs el dinero sigue estando antes que la ideología, y la polvareda levantada por la empresa –así como las campañas de boicot- fue tan grande que se vieron obligados a rectificar desmintiendo que estén multando a usuarios por desinformación y modificando esa parte del acuerdo.
Aun así, el incidente inspiró a Eugene Volokh, profesor de derecho en UCLA a realizar un análisis a fondo de las políticas que PayPal ya tiene en marcha, descubriendo que se contemplan las citadas multas para actividades que incluyan «la promoción del odio, la violencia, la intolerancia racial o de otro tipo que sea discriminatoria»; de modo que, concluye Volokh, «criticar duramente a una religión o a los funcionarios del Gobierno podría interpretarse como promoción de odio y, en teoría, podría violar esa política».
Concluyamos recordando, tal vez sea necesario en medio de este jardín, que PayPal, cuya reputación se ha desplomado en horas en este lunático intento de lucha contra las fake news, es una empresa que facilita las transacciones financieras.
