Xabi Alonso no sólo lidera al Real Madrid desde el banquillo. Ahora también debe lidiar con un frente de desgaste judicial, mediático y político, alimentado por colectivos ecologistas radicales que pretenden dinamitar la vida privada del exfutbolista y ahora entrenador del Real Madrid. El foco: su chalet familiar en el monte Igeldo de San Sebastián, una propiedad construida con licencia municipal, pero convertida por la izquierda activista en blanco de una campaña implacable.
Las asociaciones Ekologistak Martxan y Haritzalde Naturzaleen han presentado nuevas denuncias ante la Fiscalía de Guipúzcoa. Acusan al Ayuntamiento y a la promotora Tavaro XXI —gestionada por la esposa de Alonso, Nagore Aranburu— de presunta prevaricación urbanística y usurpación de bienes públicos. El motivo: un supuesto uso indebido de un camino municipal, cuyo permiso, dicen, expiró en marzo de 2025.
Pero el trasfondo va más allá de un tecnicismo urbanístico. La historia comenzó en 2023 con una sentencia que declaró ilegal la construcción —aún pendiente de revisión por el Tribunal Superior del País Vasco— y ha derivado en una cruzada mediática que apunta directamente a la figura pública de Alonso.
El abogado de los denunciantes, Javier Olaverri —conocido por su cruzada ideológica contra la reforma del estadio de Anoeta—, ha declarado abiertamente que la casa debe ser derribada. La única incógnita, dice, es si los más de dos millones de euros que costaría el derribo saldrán del bolsillo de la familia Alonso-Aranburu o de los contribuyentes donostiarras.
A pesar de la tormenta, el entorno del técnico blanco insiste en que todo el proceso se ha llevado conforme a la ley. Las licencias existen, fueron otorgadas por el propio consistorio, y no hay violación alguna de las normativas. Lo que hay, en cambio, es una maquinaria activista decidida a transformar un debate técnico en una causa simbólica.
Los titulares sensacionalistas, las declaraciones públicas inflamadas y las presiones al Ayuntamiento forman parte de un patrón ya conocido. La izquierda que blande el ecologismo como martillo moral vuelve a demostrar que no se trata de cuidar el medio ambiente, sino de señalar y castigar al disidente del relato dominante.
Desde su residencia madrileña, la familia Alonso-Aranburu aguarda la resolución judicial con prudencia.
