El crecimiento económico que exhibe el Gobierno no está llegando a los hogares españoles. Aunque las estadísticas oficiales reflejan avances en el PIB y en el empleo, la realidad cotidiana de las familias muestra una pérdida continuada de poder adquisitivo, un consumo debilitado desde la pandemia y una clase media cada vez más presionada por el encarecimiento de la vida, según los datos disponibles hasta 2024.
Buena parte de ese crecimiento responde a un modelo extensivo basado en el aumento del número de ocupados, impulsado en gran medida por la llegada de inmigración que se incorpora a empleos de baja cualificación. Un esquema que permite engordar las cifras globales sin mejorar de forma significativa la productividad ni las condiciones de los trabajadores.
A esta debilidad estructural se suma un coste de la vida que no deja de aumentar. Los precios de bienes esenciales, especialmente los alimentos y la vivienda, avanzan muy por encima de los salarios. La falta de inversión, el estancamiento de la productividad, el elevado endeudamiento y el incremento sostenido de los impuestos, con especial incidencia sobre el trabajo, lastran cualquier mejora real del poder adquisitivo de las clases medias.
Los datos salariales refuerzan ese diagnóstico. Los salarios reales permanecieron prácticamente congelados hasta 2023 y la recuperación posterior no ha compensado la inflación acumulada. En cinco años, el salario mediano apenas ha aumentado 110 euros, mientras que el salario modal, el más frecuente, se desplomó un 24,5% entre 2017 y 2023, en un contexto marcado por las sucesivas subidas del SMI. Al mismo tiempo, el salario medio neto real ha retrocedido ligeramente.
La distancia entre el SMI y el salario más habitual se ha reducido de forma drástica. En 2017, el salario modal superaba al mínimo interprofesional en un 76%. En 2023, la diferencia apenas alcanzaba el 3% y, tras la última subida, prácticamente ha desaparecido.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, España genera hoy menos riqueza por trabajador que antes de la pandemia, con un PIB por ocupado un 0,9% inferior al de 2018. La productividad continúa estancada y las rentas de la clase media crecen sólo en términos nominales. Más de la mitad de los trabajadores cobra entre una y dos veces el SMI, lo que refleja una fuerte concentración en los tramos salariales más bajos.
El impacto de la inflación resulta especialmente visible en el consumo. Desde que Pedro Sánchez es presidente, el índice general de precios de los alimentos ha aumentado un 38%. Aunque el gasto real por hogar empezó a recuperarse en 2024, el patrón sigue siendo preocupante: los españoles destinan un 6% menos que en 2018 a alimentación y un 10% menos a ropa, mientras el gasto en vivienda y energía se ha disparado un 9%.
El deterioro también se refleja en la riqueza de los hogares. La riqueza bruta mediana ha caído en todos los grupos de edad por debajo de los 65 años y el acceso a la vivienda en propiedad retrocede con rapidez. Entre 2018 y 2024, el porcentaje de hogares con una persona de referencia de entre 30 y 44 años propietaria de su vivienda descendió ocho puntos, del 60,7% al 52,9%.
La vivienda se consolida así como uno de los principales factores de exclusión. Desde 2018, el precio de la vivienda nueva ha aumentado un 69%, el de segunda mano un 45% y el alquiler un 46%, incrementos que multiplican por tres la evolución de los salarios y del IPC. Un escenario que expulsa a amplias capas de la población del mercado inmobiliario.
En paralelo, España se sitúa como el cuarto país de la Unión Europea con mayor porcentaje de ocupados en riesgo de pobreza o exclusión social, un 15,6%, frente al 10,9% de la media comunitaria. El país lidera además el desempleo juvenil, con una tasa del 25%, y mantiene una de las edades de emancipación más tardías de Europa, en torno a los 30 años
