Los españoles tendrían que trabajar este año 231 días completos únicamente para hacer frente a impuestos y cotizaciones antes de empezar, simbólicamente, a generar renta para sí mismos. Así lo calcula la Fundación Civismo en su informe sobre el Día de la Liberación Fiscal de 2026, que este año cae el 20 de agosto, dos días más tarde que en 2025.
El indicador pretende convertir la presión fiscal que soportan los hogares en una cifra fácilmente comprensible: días del calendario. Para ello incorpora no sólo el IRPF y las cotizaciones sociales, sino también los impuestos indirectos asociados al consumo, la fiscalidad sobre propiedad y capital y diversos tributos autonómicos y locales.
La estimación no significa literalmente que cada trabajador entregue el 63,3% de su sueldo a Hacienda. Civismo utiliza un concepto agregado de «renta familiar amplia» y suma la carga tributaria directa e indirecta soportada por los hogares. La conclusión de la fundación, sin embargo, es clara: el esfuerzo fiscal continúa aumentando.
La recaudación crece mucho más que la economía
Los ingresos tributarios alcanzaron en 2025 los 325.356 millones de euros, un 10,4% más que el año anterior. En ese mismo periodo, el PIB nominal avanzó únicamente un 5,8%. La diferencia refleja un crecimiento de la recaudación fiscal muy superior al de la propia economía.
La tendencia ha continuado durante los primeros meses de 2026. Hasta mayo, los ingresos tributarios acumulados alcanzaban ya los 135.009 millones de euros, un 10,6% más que durante el mismo periodo de 2025. En términos homogéneos, la recaudación creció un 9,4%.
El incremento fue todavía mayor en el IRPF, cuya recaudación homogénea aumentó un 10,7%, mientras que las retenciones sobre salarios y actividades económicas avanzaron un 9,7%.
La inflación también eleva silenciosamente el IRPF
Uno de los mecanismos señalados por Civismo es la denominada progresividad fría del IRPF. Cuando los salarios suben nominalmente para intentar compensar el aumento de los precios pero los tramos del impuesto no se actualizan de forma equivalente, un trabajador puede terminar pagando proporcionalmente más impuestos sin haber ganado realmente poder adquisitivo.
Es decir, puede cobrar más euros sobre el papel y, al mismo tiempo, ser relativamente igual o incluso más pobre después de descontar inflación e impuestos. A esa presión se suma el incremento de las cotizaciones sociales. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional alcanza este año el 0,9% de la base de cotización por contingencias comunes: un 0,75% corre a cargo de la empresa y otro 0,15% directamente a cargo del trabajador.
De cada 100 euros que cuesta un trabajador, sólo recibe 58,3
Uno de los datos más reveladores del informe aparece al comparar el coste laboral real con el salario neto que finalmente llega al bolsillo del empleado. Civismo utiliza como ejemplo a un trabajador de 45 años, sin hijos ni personas a cargo, con un salario bruto anual de 32.446 euros.
A esa cantidad deben añadirse 9.944,70 euros en cotizaciones empresariales, lo que eleva el coste total para la empresa hasta 42.390,70 euros anuales. Después llegan las deducciones del propio empleado. El trabajador paga unos 2.108,99 euros en cotizaciones y alrededor de 5.612 euros en IRPF. Su salario neto final queda reducido a 24.724,91 euros.
La diferencia entre lo que desembolsa la empresa y lo que efectivamente recibe el trabajador alcanza los 17.665,79 euros.
Traducido a una cifra sencilla: de cada 100 euros que cuesta emplear a ese trabajador, sólo 58,3 euros llegan finalmente a su cuenta bancaria. Los otros 41,7 euros se destinan a IRPF y cotizaciones sociales.
Y después de cobrar, vuelve a pagar impuestos al consumir
La carga fiscal no termina cuando llega la nómina. Una vez recibido el salario neto, el trabajador vuelve a tributar cada vez que compra bienes o servicios. Civismo estima que el empleado utilizado como ejemplo soportaría aproximadamente 2.213 euros anuales en IVA, equivalentes a cerca de 33 días de su renta neta.
La fundación ha corregido además este año su metodología para calcular correctamente el IVA incluido dentro del precio final de los productos, en lugar de aplicar directamente el tipo impositivo sobre el gasto.
El resultado vuelve a mostrar la llamada cuña fiscal: una parte importante de lo que una empresa paga por contratar a alguien nunca llega al bolsillo de ese trabajador y, cuando finalmente recibe el dinero restante, vuelve a tributar al gastarlo.
