España es el país de la Unión Europea en el que más ha aumentado la presión fiscal durante la última década en términos de puntos porcentuales de PIB. El Informe Anual sobre Fiscalidad 2026 de la Comisión Europea cifra el incremento en 2,9 puntos porcentuales del PIB al comparar el promedio del periodo 2015-2019 con el correspondiente a 2020-2024. El avance sitúa a España por delante de Lituania, con 2,3 puntos, y Luxemburgo, con 2,2 puntos.
La serie histórica publicada por Datosmacro también refleja este aumento: la presión fiscal española pasó del 34,2% del PIB en 2015 al 37,1% en 2024, una diferencia de 2,9 puntos porcentuales. Los ingresos fiscales alcanzaron en 2024 los 591.679 millones de euros, equivalentes a 12.051 euros por habitante.
El aumento de la recaudación vinculada al trabajo impulsa a España a liderar el crecimiento de la presión fiscal en la UE, según los datos de El Economista. En esta categoría se incluyen los impuestos sobre las rentas laborales y las cotizaciones sociales. Por el contrario, los ingresos asociados al capital apenas registraron incrementos, mientras que la tributación ligada al consumo perdió peso relativo.
Esta composición confirma el peso de la fiscalidad laboral dentro del sistema tributario español. Según el Instituto de Estudios Fiscales, las cotizaciones sociales, contabilizadas dentro de los ingresos tributarios en la metodología europea, representan aproximadamente el 35% del total recaudado.
Desde una perspectiva económica, el peso de la fiscalidad laboral es relevante porque afecta tanto a las rentas percibidas por los trabajadores como al coste total de contratación que afrontan las empresas.
También se destacan algunas particularidades del modelo español. España figura, junto con Alemania, Bélgica y Austria, entre los cuatro países de la UE en los que las administraciones regionales disponen de una capacidad tributaria significativa. Las comunidades autónomas concentran el 16,9% de los ingresos tributarios totales, según la información de la Comisión Europea.
