España ha entrado por primera vez en el grupo de las diez economías con mayor cuña fiscal sobre los salarios, según el informe Taxing Wages de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El estudio refleja un aumento sostenido de la presión fiscal sobre el trabajo, impulsado por las subidas del IRPF y de las cotizaciones sociales, que ha permitido al Gobierno elevar la recaudación y reducir el déficit público.
El dato sitúa a España en el décimo puesto de la OCDE para un trabajador soltero con salario medio, que soporta una carga total del 41,44% de sus ingresos brutos. El país entra así en el grupo de economías con mayor presión fiscal sobre el empleo, junto a Alemania, Francia, Italia, Bélgica o Finlandia.
El aumento no es puntual. Desde 2018, coincidiendo con la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al poder, la cuña fiscal ha crecido 1,8 puntos, lo que supone el octavo mayor incremento de toda la OCDE. A largo plazo, la tendencia es aún más clara: a comienzos de siglo, ese mismo trabajador pagaba un 38,6%, frente al 41,4% actual.
El impacto es directo sobre el bolsillo. Por cada 1.000 euros de salario, un trabajador destinaba hace dos décadas 386 euros a impuestos y cotizaciones. Hoy esa cifra asciende a 414 euros, un 7,3% más, pese a que el salario real apenas ha aumentado al descontar la inflación.
La presión fiscal tampoco da tregua a las rentas más bajas. Un contribuyente soltero que gana un 33% menos que el salario medio soporta cerca del 38% de carga fiscal, el nivel más alto de toda la serie histórica. España se sitúa, además, entre los pocos países de la OCDE donde la presión sobre estas rentas está en máximos.
Los hogares con hijos tampoco escapan a esta tendencia. Una familia con dos hijos, en la que uno de los miembros percibe el salario medio y el otro el 67% de esa cifra, paga un 38,7% de su renta en impuestos y cotizaciones. Se trata del sexto nivel más elevado de toda la OCDE y el más alto registrado en España.
El informe desmonta además el argumento histórico de que España tiene una fiscalidad más baja que sus socios europeos. Durante años, esa percepción se sustentó en unos salarios inferiores, que reducían artificialmente la carga efectiva. Sin embargo, una vez ajustados los datos, la presión fiscal española ya se sitúa por encima de la media europea en la mayoría de los perfiles.
Este cambio responde a una estrategia clara: ante la incapacidad de converger con Europa en salarios, el Ejecutivo ha optado por aumentar la recaudación mediante subidas fiscales directas e indirectas. Parte de ese incremento se ha producido de forma silenciosa, a través de la no deflactación del IRPF, lo que eleva automáticamente la carga impositiva en un contexto de inflación.
El resultado es un aumento sin precedentes de la recaudación. En 2024, los ingresos por IRPF y cotizaciones sociales alcanzaron el 25,3% del PIB, lo que ha permitido a España situarse entre los países europeos que han reducido su déficit por debajo de los niveles previos a la pandemia.
Sin embargo, la OCDE advierte de que este ajuste se ha logrado a costa de un mayor esfuerzo fiscal de los trabajadores. Un esfuerzo que, en términos reales, supera ya al de la media comunitaria, en un contexto en el que el poder adquisitivo sigue estancado.
