Por primera vez, más de 500.000 trabajadores que perciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) podrían verse obligados a tributar en el IRPF. Esta decisión, que el Ministerio de Hacienda está considerando seriamente, se debe a la posible ausencia de un ajuste del mínimo exento para adaptarlo a la subida prevista del SMI en 2025.
De los 2,7 millones de personas que perciben salarios inferiores al SMI, se estima que el 20%, equivalente a 540.000 trabajadores, tendría que pagar impuestos si el mínimo exento permanece inalterado. Según cálculos del Gobierno, alrededor de 2,16 millones de estos contribuyentes quedarían exentos gracias al «mínimo personal y familiar», que protege las necesidades básicas de los trabajadores.
El último ajuste del IRPF al SMI se realizó en 2024, cuando el mínimo exento se elevó a 15.876 euros, equiparándolo al salario mínimo anual. Sin embargo, la escalada del SMI desde 2018 y las pérdidas en recaudación debido a rebajas fiscales y ayudas para paliar la inflación han llevado a Hacienda a reconsiderar esta política.
Dentro del Ejecutivo, la discusión sobre este posible cambio ha generado tensiones. Fuentes cercanas al Ministerio de Hacienda admiten que no ajustar el mínimo exento al SMI de 2025 es una posibilidad real y podría convertirse en una de las decisiones más controvertidas de la legislatura.
Por otro lado, desde el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, defienden que quienes perciben el SMI no deberían tributar. Este enfrentamiento amenaza con abrir un nuevo conflicto en la coalición de gobierno, especialmente en un contexto donde ya existen discrepancias sobre la reducción de la jornada laboral y otras políticas económicas.
El grupo de expertos que asesora a Yolanda Díaz ha sugerido un incremento del SMI del 4,4% para 2025, lo que elevaría la cifra a 1.184 euros mensuales, un aumento de 50 euros al mes. Esto situaría el crecimiento acumulado del SMI en un 60% en los últimos siete años, lo que ha llevado a un porcentaje significativo de trabajadores a concentrarse en este tramo salarial.
Instituciones como el Instituto Nacional de Estadística (INE) también han advertido sobre el impacto que podría tener eximir continuamente al SMI del pago del IRPF en términos de equidad fiscal y sostenibilidad de ingresos para el Estado.
La posible imposición del IRPF a los trabajadores con SMI ha provocado una respuesta contundente de los sindicatos. UGT ha advertido que no firmará ningún acuerdo sobre el salario mínimo para 2025 si este no queda exento del IRPF. En un comunicado emitido tras su Comité Ejecutivo Confederal, el sindicato señaló que garantizar que el SMI llegue íntegro a los trabajadores es una prioridad absoluta.
«Estas personas representan a los sectores más vulnerables de la sociedad y requieren un respaldo institucional firme», subrayó UGT, dirigiendo también sus demandas al Ministerio de Hacienda para asegurar que estas medidas se implementen de manera efectiva.
La aplicación del IRPF a quienes perciben el salario mínimo no sólo tiene implicaciones económicas, sino que también podría tensionar las relaciones entre el Gobierno, los sindicatos y las organizaciones empresariales. En plena negociación para fijar el nuevo SMI, este debate amenaza con complicar un consenso ya de por sí delicado.
