El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de José Luis Escrivá presume todos los meses del saldo positivo de la Seguridad Social gracias al aumento de ingresos por las cotizaciones. Esta semana, la nota de prensa oficial afirma que la Seguridad Social registró en julio un superávit de 4.774 millones, gracias al aumento de las cotizaciones de los trabajadores, autónomos y empresarios. Por éstas, la Seguridad Social recaudó ese mes 88.999 millones, un 10% más. La explicación oficial es el «buen comportamiento del empleo en los primeros siete meses del año».
Sin embargo, quien lea la nota de prensa hasta el final (cosa que no han hecho prácticamente ninguno de los redactores que la han publicado) se da cuenta de que, en realidad, la Seguridad Social tiene un enorme déficit que no para de crecer y que no se puede enjugar con las cotizaciones sociales.
Si la Seguridad Social muestra ese superávit contable de 4.774 millones por los que saca pecho Escrivá se debe a las transferencias que le hace el Estado, como aparece en el párrafo noveno: «Las transferencias recibidas por la Seguridad Social ascienden a 32.351 millones de euros, con un aumento del interanual 20%».
El superávit fake es el resultado de la diferencia entre los derechos reconocidos por operaciones no financieras de 123.307 millones de euros, que suben un 13,7%, y las obligaciones reconocidas, 118.533 millones, que crecen un 10,1% interanual.
Por tanto, sin esas transferencias estatales, que provienen de los Presupuestos Generales del Estado (o sea, de los impuestos), la Seguridad Social estaría en déficit multimillonario. El mayor gasto de la Seguridad Social, y de todo el Estado, es el abono de las pensiones: 190.687 millones. Una cantidad que supone el 40% de los más de 450.000 millones de los PGE de 2023.
En julio pasado, la Seguridad Social abonó 12.017,8 millones de euros por pensiones contributivas (que incluyen las de jubilación), un 10,8% más que en julio de 2022. Es la mayor cantidad desembolsada hasta ahora por la Seguridad Social. El Ministerio calcula que este gasto supone un 11,8% del PIB nacional.
Recaudación fiscal desbocada
La Seguridad Social quebraría si no fuera por las transferencias del Estado, que salen de unos impuestos también crecientes. En julio de 2019, antes de la pandemia, la Agencia Tributaria recaudó 32.717 millones; en julio pasado, 40.910 millones. De enero a julio de 2019, la recaudación fiscal fue de 120.172 millones, mientras que de enero a julio de 2023 subió a 151.953 millones, más de un 25% de aumento. Y no es suficiente para equilibrar las cuentas.
Por eso, el Estado no puede deflactar las tarifas de los impuestos para ajustarlos a la inflación; tampoco puede bajar impuestos; ni, por último, dejar de emitir deuda pública. Ésta, según el Banco de España, superó en junio los 1,5 billones de euros, equivalente al 113% del PIB español. Y sólo para el vencimiento de las emisiones de deuda pública en este año, los PGE reservan 31.000 millones de euros.
