El Gobierno de Pedro Sánchez sigue estudiando cómo intervenir en la OPA a Naturgy y parece haber encontrado quién le diga cómo hacerlo.
Mariano Bacigalupo, consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y marido de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, se ha lanzado a ofrecer a Moncloa algunas opciones para intervenir en este cambio de control de una empresa estratégica.
«La intervención pública en la economía, para proteger la autonomía estratégica y el interés general en los sectores estratégicos de la economía, vuelve a ser un tema crucial de la política económica y del Derecho público económico», arranca el consejero de la CNMV en su publicación en Linkedin en la que hace referencia al artículo del periódico El Confidencial titulado: Naturgy, Telefónica y la maldita geopolítica’.
La primera forma que Bacigalupo ofrece al Gobierno es reservar «determinadas actividades esenciales» al sector público, «servicios públicos en sentido estricto, cuya gestión puede externalizar en un concesionario», aclara. La segunda propuesta es la participación de los poderes públicos en un mercado competitivo. «En este supuesto, el ‘Estado empresario’ compite en el mercado en igualdad de condiciones con terceros«, detalla el marido de la ministra Teresa Ribera en esa publicación de la que se hace eco Vozpópuli.
La tercera opción es la compra por parte del Gobierno de una participación: «La participación significativa, aunque no mayoritaria, en el capital social de determinadas empresas estratégicas (en estos casos, la participación pública puede responder a una decisión política discrecional del Gobierno o constituir incluso un mandato legal, como sucede en España en el caso de la empresa que tiene legalmente atribuida la gestión de la red de transporte de electricidad)».
Bacigalupo también asegura que otra vía de intervención pública de determinados sectores de actividad de interés general es «la intervención regulatoria del Estado». Por último, asegura que existe otra manera de establecer un «control preventivo» mediante autorización administrativa previa, de las inversiones extranjeras en determinados sectores de actividad económica.
