La oferta de vivienda en alquiler en España volverá a caer en 2026. El mercado perderá 22.927 inmuebles, un 3,35% menos que el año anterior, mientras la presión de la demanda ya alcanza un máximo histórico de 143 interesados por cada vivienda en apenas diez días.
Así lo recoge el Barómetro del Alquiler correspondiente al segundo trimestre de 2026, elaborado por el Observatorio del Alquiler, que confirma el agravamiento de una crisis cada vez más profunda: menos vivienda disponible, más demanda y precios cada vez más difíciles de asumir para familias, jóvenes y trabajadores.
Según el informe, el parque residencial en alquiler pasará de 683.920 viviendas al cierre de 2025 a 660.993 inmuebles este año.
El Observatorio advierte de que la escasez de vivienda en alquiler «todavía no ha encontrado su suelo». La pérdida de oferta responde al trasvase de inmuebles hacia otras modalidades, como el alquiler temporal, el alquiler turístico o el alquiler por habitaciones, además de viviendas que pasan al mercado de compraventa o permanecen vacías.
El informe apunta directamente al impacto de la regulación en las llamadas zonas tensionadas, que continúa expulsando vivienda del mercado residencial. También menciona el efecto de fenómenos climáticos extremos, como las lluvias e inundaciones registradas en enero y febrero, especialmente en el sur peninsular.
Cataluña proyecta una caída de la oferta del 7,65%, hasta situarse en 94.947 viviendas. El País Vasco registra una de las reducciones más fuertes previstas para 2026, con un descenso del 16,16%.
Por provincias, Cádiz encabeza la caída proyectada, con un desplome del 29,42%, seguida de Ceuta (-27%), Huesca (-24%), Guipúzcoa (-22,33%), La Rioja (-17%), Almería (-15,95%) y Navarra (-14,76%).
En términos absolutos, Barcelona será la provincia que más viviendas perderá respecto al cierre de 2025, con 5.647 inmuebles menos. Le siguen Cádiz (-4.533), Almería (-2.285) y A Coruña (-1.782).
En sentido contrario, Salamanca lidera el crecimiento de la oferta, con un aumento del 17,5%, por delante de Canarias (+2,4%), Zaragoza (+1,21%) y Málaga (+0,59%).
La presión de la demanda se sitúa ya en una media nacional de 143 personas interesadas por cada vivienda de alquiler en un plazo de diez días, frente a las 135 registradas al cierre de 2025.
El dato está muy por encima de los 15 contactos que el Observatorio considera propios de un mercado equilibrado.
Barcelona lidera este indicador con 418 interesados por inmueble, seguida de Vizcaya (196), Baleares (160), Guipúzcoa (153), Álava (144), Valencia (138) y Madrid (136).
El estudio también detecta un efecto desbordamiento desde las grandes capitales hacia provincias cercanas, con una fuerte presión en Guadalajara (93), Toledo (90), Sevilla (90), Málaga (86), A Coruña (68), Alicante (67), Lleida (66) y Valladolid (55).
El precio medio del alquiler alcanzó los 1.211 euros mensuales en el segundo trimestre del año, un 2,28% más que al cierre de 2025 y un 4,85% más en tasa interanual.
Ya hay 12 provincias con una renta media superior a los 1.000 euros mensuales.
Encabezan la lista Baleares, con 1.678 euros; Barcelona, con 1.646 euros; y Madrid, con 1.637 euros. Les siguen Guipúzcoa (1.485 euros), Málaga (1.307), Vizcaya (1.305), Las Palmas (1.176), Valencia (1.165), Santa Cruz de Tenerife (1.131), Álava (1.038), Navarra (1.028) y Alicante (1.022).
El Observatorio sostiene que, tres años después de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, las zonas tensionadas siguen condicionando la evolución del mercado.
En Cataluña, la oferta volverá a marcar un mínimo. En el País Vasco, la caída proyectada se sitúa entre las más pronunciadas del país. Navarra consolida ya un precio medio superior a los 1.000 euros mensuales.
La provincia de La Coruña registra además un aumento de la presión de la demanda tras la declaración de su primer municipio tensionado. En otros territorios donde se tramitan medidas similares, como Las Palmas o Asturias, el informe aprecia una caída de la oferta asociada a la incertidumbre regulatoria.
Los datos vuelven a desmontar el relato del Gobierno sobre la vivienda. La regulación no está ampliando la oferta ni abaratando el alquiler: está empujando a muchos propietarios hacia el alquiler temporal, turístico, por habitaciones o directamente fuera del mercado.
El resultado es el contrario del prometido: menos viviendas disponibles, más competencia entre inquilinos y precios más altos.
España necesita más seguridad jurídica, más oferta, menos burocracia y una política que incentive poner viviendas en alquiler. Pero el intervencionismo ha convertido el mercado residencial en un terreno cada vez más hostil para propietarios e inquilinos.
Mientras el Gobierno insiste en declarar zonas tensionadas y multiplicar controles, el alquiler se estrecha, los precios suben y miles de familias quedan atrapadas en una crisis que la política oficial no ha hecho más que empeorar.