El Partido Popular negocia con el PSOE facilitar al Gobierno la fase preliminar de los Presupuestos Generales del Estado, dando luz verde a los objetivos de estabilidad —paso previo a las cuentas públicas y que tiene que aprobarse en el Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta—. Hacienda quería permitir al Estado este año déficit del 2,7% del PIB, tan sólo un 0,1% a las comunidades autónomas y un 0,2% a la Seguridad Social.
El PP anunció que iba, en principio, a usar su mayoría en la Cámara Alta para tumbar los objetivos. Sin embargo, en las últimas horas, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, anunciaba que sí podrían aprobarlos si el Ejecutivo «cede a una serie de exigencias», que pasan por rebajar impuestos, compartir los objetivos fiscales con las comunidades autónomas, respetar su autonomía fiscal y un fondo de políticas sociales para estas administraciones.
«Ahí tienen la mano tendida del Partido Popular para mejorar la vida de los españoles, aunque mucho me temo que no lo harán porque Sánchez está atado de pies y manos y el que manda además es un prófugo de la justicia», ha señalado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en una rueda de prensa sobre el techo de gasto del Gobierno.
El PP ha argumentado su voto en contra a los objetivos de estabilidad que se debatirán este miércoles en el Senado porque considera que «hacen a los españoles más pobres y más desiguales». Además, los populares han defendido que el voto en el Senado demuestra la coordinación y el compartir un proyecto común dentro del partido, ya que tanto las comunidades autónomas del PP como el grupo en el Congreso votó en contra de estos objetivos.
Pese a ello, los populares han insistido en mantener su «mano tendida» al Gobierno, aunque con una serie de requisitos. En materia fiscal, el PP ha planteado la deflactación del IRPF, la bajada del IVA de la luz y del gas y la rebaja también en el IVA de los alimentos a la carne, al pescado y a las conservas y la eliminación del impuesto sobre la producción de energía.
Asimismo, ha reclamado la corresponsabilidad en el reparto de la senda de déficit, el respeto por la autonomía fiscal de estas administraciones y la asignación extraordinaria para las comunidades autónomas que les permita atender la sanidad, la educación y las políticas sociales.
Sobre este fondo, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo ha recordado que la actual ministra de Hacienda defendía en el año 2017 que era necesario dotar a las comunidades autónomas con 16.000 millones extra para darle cobertura a todos los gastos que estaban asumiendo. En todo caso, desde el PP no han planteado un importe fijo para este fondo.
El voto en contra de los populares haría decaer los objetivos de estabilidad, dada su mayoría absoluta en la Cámara Alta. Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, si el Congreso o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento de tramitación.
Desde el PP ya se ha advertido de que será «complicado» aprobar unos nuevos objetivos si el Ejecutivo plantea la misma senda y no atiende sus planteamientos.
En cualquier caso, Bravo ha emplazado al Gobierno a negociar «cuando quieran y donde quieran» y le ha recordado que este mismo jueves Sánchez podría reunir el Consejo de Ministros para presentar «una nueva senda de estabilidad». «Para otras cosas hemos visto parar plenos para que se pusiesen de acuerdo. Nosotros no tenemos otra cosa más importante que arreglar este problema. Cuando quieran y donde quieran», ha insistido.
