La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, planteó la semana pasada que el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez espera aprobar los Presupuestos Generales del Estado en el Consejo de Ministros en marzo, que se publiquen en el BOE y entren en vigor en junio. Sin embargo, el rechazo de Junts de este miércoles a la proposición de ley de la amnistía deja la aprobación de la cuentas en el aire.
Empieza a correr ahora el plazo que tiene el Ejecutivo para negociar con Junts en la Comisión de Justicia esta norma, unas negociaciones que, por el procedimiento ordinario, se prolongarían un mes. Así las cosas, ambos pactos se desarrollarían a la vez.
La probabilidad de que los separatistas no presenten enmiendas a la totalidad a los presupuestos ha caído a mínimos después de que hayan rechazado una amnistía redactada a medida para los golpistas. Y la situación es aún más compleja: el primer trámite es la convalidación de los objetivos de estabilidad en el Senado, donde la mayoría la tiene el Partido Popular, que puede vetarlos sine die.
A esta razón se agarra el Gobierno para justificar un posible fracaso en la aprobación de las cuentas: fuentes del Ministerio de Hacienda sostienen que sortear el veto de la Cámara alta ya iba a llevar tiempo.
Los presupuestos de 2023 ya están prorrogados desde el 1 de enero, después de que el último Consejo de Ministros del pasado año estableciera los criterios de aplicación de esa prórroga conforme a lo contemplado en la Constitución respecto a la continuidad automática de las cuentas del Estado en ausencia de unas nuevas.
Si el Gobierno de Sánchez no consigue aprobar las cuentas esto podría suponer la convocatoria de elecciones anticipadas. Así ocurrió en 1995 y en 2019, se anticiparon los comicios como consecuencia del rechazo por parte del Congreso de las cuentas, situación en la que se da por acabada la legislatura para el Gobierno de turno.
