El PP cuestiona en el Congreso la labor del Tribunal de Cuentas al vigilar los contratos de material anticovid firmados en la pandemia. Su portavoz afirma incluso que la institución se dedicó a «blanquear irregularidades groseras» e incluso a «dar la enhorabuena» a sus autores.
Así lo ha señalado el portavoz del PP, José Vicente Marí, tras escuchar la intervención inicial de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano. Se producía en la primera jornada de la comisión de investigación del Congreso sobre la contratación de emergencia durante la pandemia.
Según Chicano, sus fiscalizaciones eran «extensas, técnicamente fiables y rigurosas». También realizadas por «cientos de servidores públicos, auditores, letrados y funcionarios de todo tipo». Pero, explica, las Cortes renovaron el Tribunal en 2021, y el nuevo pleno hizo suyos los de sus antecesores y aprobaron siete informes de pandemia por unanimidad.
En el caso de la contratación de emergencia sus exámenes se ciñen a contratos de 2020, en pleno estado de alarma. En esos meses se firmaron 13.211 contratos de emergencia por un importe de 2.129 millones de euros. El Tribunal de Cuentas analizó 1.328 contratos, el 83% del importe total de las adjudicaciones.
Tras sus más de 2.600 páginas de análisis de la contratación de emergencia, el Tribunal de Cuentas concluyó que, al margen de «una serie de deficiencias e irregularidades», la utilización de la tramitación de emergencia resultó ajustada a derecho. También que, con carácter general, los precios respondieron al comportamiento normal del mercado en esas fechas».
Eso sí, Chicano afirmaba que el Tribunal de Cuentas es parte del entramado constitucional, pero no es un órgano antifraude ni anticorrupción. Marí considera que «en lugar de poner luces rojas en las prácticas que pudieran suponer fraude o corrupción, se dedicó a poner luces verdes y a dar la enhorabuena y a blanquear las situaciones irregulares».
Y se ha remitido al borrador de uno de los informes del tribunal de Cuentas, que examinó contratos de Sanidad y de Transportes, por valor de 32 millones. En uno, se dice que el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, no podía aplicar la contratación de emergencia porque era relativo a la gripe estacional.
En su opinión, eso demuestra que ese contrato fue «inválido», y tiene su relevancia porque implica 32 de los 87 millones que firmó Sanidad. Para Marí, ese borrador demuestra «irregularidades groseras» de las Administraciones y voluntad del Tribunal de «blanquearlas». Optando, dice, por una «redacción tendente a dulcificar» las cosas, sin abrir ningún expediente. «Entenderá que los ciudadanos se pregunten ¿para qué sirve el Tribunal de Cuentas?», decía el representante del PP.
La presidenta replicaba que aquel borrador del consejero Javier Morillas se desechó en las alegaciones y se optó por otro aprobado por unanimidad, incluyendo a Morillas. También niega que el borrador de informe se bloqueara. Dice que se eliminó de agenda porque había campaña electoral y el Tribunal no aprueba informes políticos en esos períodos.
