Aunque muchos países ven la energía nuclear como limpia y necesaria para lograr la soberanía energética, el Gobierno socialista de España está decidido a condenarla. El calendario para el cierre de cada una de las centrales nucleares (concretado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima [PNIEC] 2021-2030 y que fue acordado en la XIV Legislatura) ha ignorado de manera consciente un impacto socioeconómico estrepitoso para nuestro futuro.
Según la Sociedad Nuclear Española, se estima que algo más de 400 centrales nucleares existentes en el mundo generan aproximadamente 1,2 millones de puestos de trabajo, directos e indirectos. En España, la energía nuclear ha sustentado desde hace tiempo unos 27.000 empleos, de los cuales 8.500 son empleos directos y un aporte en torno a 2.800 millones de euros al PIB. Además, en términos de investigación y desarrollo, el sector nuclear ha invertido alrededor de un 2% de sus ingresos y su contribución tributaria supera los 1.100 millones de euros, lo que supone el doble de la industria química o cuatro veces más que el sector del metal.
Se trata de hecho de un empleo que se ha localizado principalmente en zonas con alto riesgo de despoblación, y sus consecuencias son altamente provechosas como la dinamización de la economía y la inversión en aquellas zonas con menos alternativas de progreso. Así, la estabilidad entre las plantas nucleares, el empleo y el crecimiento de las ciudades donde hay estas centrales tiene en cuenta como mínimo la vida útil de una instalación nuclear. Esto es, entre 40 y 70 años.
Todo el empleo implicado en el sector nuclear es un empleo de calidad, cualificado y bien remunerado en comparación con otros sectores. El diseño, los operarios y el desmantelamiento en sí comprenden un empleo donde el 50% son titulados universitarios y un 80% posee carácter indefinido, según el Informe de PwC sobre el impacto socioeconómico de la industria nuclear en España en abril de 2024.
Las peores consecuencias socioeconómicas del sector nuclear son cada vez más latentes en Extremadura debido al cierre de la central nuclear de Almaraz. El principal generador de empleo en la comarca cuenta con 369 trabajadores, de los cuales 255 trabajan en el área de influencia, en el Campo de Arañuelo.
En este sentido, más de 150 empresas de servicios y casi 300 suministradores que dependen absolutamente de la central nuclear extremeña sufrirán o cesarán de manera definitiva su actividad, lo que supondría una pérdida de más de 1.800 empleos directamente en una región que ya soportó en el mes de marzo la cifra de 102.677 parados reales.
