El plan de avales anunciado por el Ejecutivo de Sánchez para los propietarios de una vivienda de alquiler sólo se aplicará a los arrendadores que ajusten sus precios a los límites impuestos por el Gobierno y sólo recibirán el dinero cuando hayan conseguido desalojar a los inquiokupas.
Así lo establece el decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde se detallan los requisitos de esta medida impulsada por Pedro Sánchez —también la planteó el PP— para apaciguar a Junts y PNV, los socios de investidura más críticos con la impunidad que rodea la okupación desde la llegada del PSOE a Moncloa.
El texto establece que el aval cubrirá las rentas impagadas, los daños causados en la vivienda, el coste de los suministros y otros gastos que se determinen por vía reglamentaria. Sin embargo, el acceso a esta protección no es universal. Para poder beneficiarse de ella, el inquilino debe cumplir al menos uno de estos dos requisitos: ser menor de edad o estar en situación de vulnerabilidad según los criterios establecidos.
Lo realmente problemático llega con las exigencias al propietario. Sólo podrán solicitar el aval aquellos arrendadores que establezcan un precio de alquiler que no supere el índice estatal de referencia. Además, deberán haber depositado la fianza legal obligatoria y formalizar un compromiso de aval con el inquilino según el modelo aprobado por la Administración.
El mayor obstáculo para los afectados es que el seguro de impagos sólo se hará efectivo una vez que el inquiokupa haya sido expulsado de la vivienda, lo que puede tardar meses o incluso años debido a la legislación vigente. Según el decreto, el propietario podrá solicitar el cobro en un plazo de seis meses tras recuperar la posesión del inmueble, ya sea por una orden judicial o por un acuerdo extrajudicial.
El propio decreto reconoce que ya existía un mecanismo de compensación para propietarios obligados a mantener a los inquiokupas, pero su ineficacia ha generado una gran desconfianza entre los afectados. Al igual que en el caso de los avales, estas ayudas sólo se conceden una vez que el desahucio se ha ejecutado, obligando al casero a soportar durante meses o años las pérdidas económicas derivadas de la ocupación ilegal de su vivienda.
Pese a las promesas del Ejecutivo, el nuevo sistema de avales no entrará en vigor de inmediato. Antes de su aplicación será necesario un reglamento que, según el decreto, deberá aprobarse en un plazo máximo de seis meses. Además, la gestión de los avales recaerá en las comunidades autónomas y ciudades con financiación finalista por parte del Estado, lo que podría añadir más retrasos a su puesta en marcha.