La crisis de la vivienda ya no amenaza únicamente el bolsillo de los jóvenes españoles. También está deteriorando su salud mental, retrasando su emancipación y reduciendo sus posibilidades de construir un proyecto de vida propio.
El 42% de las personas de entre 25 y 34 años afectadas por las dificultades de acceso a una vivienda considera que su salud mental es regular o mala, según el informe Habitar la incertidumbre: vivienda, juventud y malestar estructural, elaborado por el Consejo de la Juventud de España, Fad Juventud y Oxfam Intermón.
El estudio describe un escenario cada vez más asfixiante. Los jóvenes destinan de manera sostenida entre el 40% y el 50% de sus ingresos al pago de la vivienda, muy por encima del umbral recomendado del 30%. Entre quienes viven solos, el esfuerzo residencial supera desde 2017 el 80% del salario.
Esta presión económica tiene consecuencias directas sobre el bienestar emocional. La incidencia de una mala salud mental entre los jóvenes que dedican más de la mitad de sus ingresos a la vivienda duplica la registrada entre quienes destinan menos del 30%.
Una generación condenada al alquiler y a la incertidumbre
El encarecimiento de los alquileres y las crecientes dificultades para comprar una vivienda han transformado el modelo residencial de los menores de 35 años. En 2025, la mitad de los jóvenes emancipados vivía de alquiler, consolidando lo que el informe denomina una «generación inquilina».
La vivienda condiciona ya decisiones esenciales: con quién vivir, qué grado de intimidad mantener, cuándo formar una familia o hasta qué punto resulta posible imaginar un futuro estable. Después de pagar el alquiler, la diferencia entre el riesgo de pobreza previo y posterior al abono de la renta ronda los 20 puntos porcentuales.
A la emergencia habitacional se suman la precariedad laboral y la falta de capacidad de ahorro. El 63,5% de los jóvenes en situación de carencia material severa sufrió durante el último año algún problema de salud psicológica, frente al 52,4% de quienes no padecían privaciones.
El informe alerta además de un círculo vicioso de pobreza y deterioro emocional: la falta de recursos empeora la salud mental, pero también impide pagar la atención psicológica necesaria. Entre las personas de 25 a 34 años que renunciaron a recibir ayuda profesional por motivos económicos, la mala salud mental aumentó del 7% al 19,3%.
La precariedad también está destruyendo los vínculos sociales. El 39,8% de los jóvenes con carencia material severa declara sufrir soledad no deseada con frecuencia, frente al 19,6% entre quienes no atraviesan dificultades económicas.
Las organizaciones responsables del estudio reclaman ampliar el parque público de vivienda, facilitar alquileres asequibles y reforzar la atención psicológica. También piden nuevas medidas de protección social y laboral para evitar que toda una generación quede atrapada de forma permanente entre la dependencia familiar, los alquileres prohibitivos y la ausencia de expectativas.
