En España la renta per cápita no termina de crecer. Sólo ha crecido un 16,5% desde 2007, la segunda cifra más baja de la Unión Europea (UE), pero si los datos se limitan al periodo de 2019 a 2022, España se sitúa en el puesto del país más pobre de toda la UE. Se trata del país que menos ha avanzado en su renta per cápita durante un periodo de tiempo que corresponde con la presidencia de Pedro Sánchez.
En cuanto a las cifras del crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), España tuvo el tercero más bajo entre 2007 y 2022. Por su parte, la productividad experimentó el cuarto menor avance en Europa entre 2009 y 2022, así como el menor avance con respecto al resto de países de la Unión Europea entre el periodo de 2019 y 2022, según recoge El Mundo.
La economía española se encuentra completamente paralizada. No aumenta la renta per cápita y tampoco hay productividad ni crecimiento, como ejemplifican los datos mencionados y recopilados en el documento ¿Cómo está la economía española? Reflexiones en período electoral, publicado por Fedea y firmado por Alfonso Novales, catedrático de la Universidad Complutense e integrante de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Este documento indica que, aunque esa paralización comenzó con la crisis financiera, no ha hecho más que empeorar en los últimos años.
En términos de PIB per cápita, el documento lo señala como «un indicador de la renta promedio de sus ciudadanos», además de ser el que «más frecuentemente» se utiliza para hacer comparaciones entre países. Esa comparación revela la desaceleración ya mencionada con respecto a Europa, puesto que, como señala Novales, «el PIB per cápita español era en 2007 un 98% del PIB per cápita de la UE-27; un 85% en 2019, y un 79% en 2022. Desde el momento previo a la pandemia (2019-2022), el PIB per cápita español aumentó un 5,4%; es el aumento más reducido de la UE-27».
A su vez, el texto indica que existen diversas razones por las que se mantiene en el tiempo ese precario crecimiento del PIB, entre ellas «la disponibilidad de abundante mano de obra cualificada, una suficiente inversión bien dirigida hacia el desarrollo de fuentes potenciales de progreso técnico, un robusto crecimiento de la productividad, y una buena calidad institucional». La ausencia de estos factores, que es lo que está ocurriendo en España, es lo que «puede dificultarlo».
Por su parte, sobre la productividad señala que «proporciona una primera información que es muy relevante acerca de la capacidad de generar riqueza en una sociedad». Asimismo, adelanta que es una de las carencias «más importantes» de la economía española, ya que España a finales de 2022 se situaba en «el puesto 15 entre los 27 países de la UE». Durante ese año el dato fue «sólo un 3% superior al de 2009», debido a la disminución de la productividad tras la pandemia. Igualmente, la crisis derivada de la COVID-19 supuso un gran impacto, pero lo más determinante para Novares fueron las decisiones tomadas durante el gobierno del PSOE y Podemos, al que hace alusión en su texto.
«Muchos análisis han tratado de caracterizar las causas de una deficiente productividad. Entre ellos: un bajo nivel de inversión, una reducida actividad en el desarrollo tecnológico, y un mal entorno estructural, tanto por una excesiva actividad normativa, que además suele modificarse con frecuencia, generando un nivel apreciable de inseguridad jurídica», desarrolla el texto. A continuación, añade: «Especialmente en esta legislatura, en un contexto muy negativo al papel de la empresa, alimentado desde el propio Gobierno, algunos de cuyos principales representantes han emitido juicios muy contrarios a la actividad empresarial». Entre estos cuenta los ataques desde Podemos a Amancio Ortega o Juan Roig, así como las palabras del propio Sánchez hacia Ana Botín o Ignacio Sánchez Galán.
La falta de innovación supone también un impacto directo en la productividad y el crecimiento. España continúa ocupando «posiciones retrasadas dentro de la OCDE» en inversión en I+D en porcentaje de PIB. Según indica Novales, «en términos del número de patentes solicitadas por millón de habitantes, estábamos en 2019 muy lejos de los países más innovadores y capaces de desarrollar nuevas tecnologías».
El texto también reflexiona sobre las posibles salidas para solventar la situación actual del país. Para ello argumenta que se deben someter las políticas públicas a una «evaluación rigurosa». «La evaluación rigurosa de políticas públicas es todavía una asignatura pendiente en España, lo cual no hace, a mi juicio, sino reflejar cierta despreocupación por una rigurosa rendición de cuentas de los gestores públicos», subraya Novales.
En relación con estos argumentos, Nova pide «transparencia en la gestión pública», además de una mayor calidad normativa. «Se aprueban muchas leyes nuevas, y se modifican con frecuencia normas existentes», dejando «indefenso» al ciudadano pues es «materialmente imposible conocer toda la normativa, así como las sucesivas modificaciones», argumenta. Y, por supuesto, «modernizar» las Administraciones Públicas para «aliviar la excesiva y compleja burocracia».
