En España, los pensionistas perciben de media un 17,5% más que sus homólogos de la Unión Europea si se ajustan los ingresos al coste de la vida, mientras que los trabajadores españoles ingresan un 3,9% menos que el empleado medio del bloque comunitario. Los datos, correspondientes a estadísticas oficiales de Eurostat y el INE analizadas por el Centro Ruth Richardson de la Universidad de las Hespérides, reflejan una brecha creciente entre rentas laborales y prestaciones públicas.
En términos reales, cada jubilado en España dispone de 19.711 euros anuales, una cifra que supera en un 18,7% la renta de los ocupados. La distancia no ha dejado de ampliarse desde 2008. Desde ese año, la renta real de los pensionistas ha aumentado un 19%, teniendo en cuenta la inflación y el alquiler imputado, detalla The Objective.
El contraste resulta especialmente llamativo en comparación con otros países europeos. Aunque economías como Alemania registran pensiones más elevadas en términos absolutos, el menor coste de la vida en España eleva el poder adquisitivo efectivo de sus jubilados. Este diferencial explica que el país se haya consolidado como uno de los destinos favoritos para retirados extranjeros. Según el Global Retirement Report, España ocupa el segundo lugar en Europa para jubilarse, sólo por detrás de Portugal. Una encuesta de la agencia inmobiliaria Gate Away la sitúa igualmente como segunda opción preferida, tras Italia.
Sin embargo, esta situación tiene un reverso presupuestario cada vez más pesado. Las pensiones representan la principal partida del gasto público, con más de 200.000 millones de euros anuales. El pasado ejercicio generaron un desfase cercano a los 63.000 millones, cubierto mediante transferencias de los Presupuestos Generales del Estado y nueva deuda.
El director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, advierte de que el gasto en pensiones «crece a una velocidad endiablada» y subraya que la diferencia entre cotizaciones sociales y prestaciones ya ronda los 50.000 o 60.000 millones de euros al año. A su juicio, la última reforma no abordó el problema estructural y consolidó el actual nivel de prestaciones. Considera que la elevada rentabilidad implícita del sistema —si se compara lo cotizado por un trabajador medio con la pensión que percibirá— evidencia que se está gastando por encima de lo que se ingresa.
En la misma línea, el doctor en Economía y profesor de la Universidad de las Hespérides Daniel Fernández sostiene que el modelo actual combina una elevada generosidad con un diseño deficiente del Instituto Nacional de la Seguridad Social, agravado tras las últimas reformas impulsadas por el PSOE. A este escenario se suma el envejecimiento demográfico.
Fernández anticipa que, antes o después, el sistema exigirá un ajuste de entre el 20% y el 30% del gasto si no se adoptan medidas estructurales. Propone un Pacto de Toledo que determine con realismo qué pensiones pueden sostenerse, acercando el modelo español al de Suecia, aunque reconoce que ello implicaría cambios sustanciales en las condiciones actuales.
El economista alerta además del riesgo de mantener la inercia en un contexto económico favorable sin prever un cambio de ciclo. Recuerda que España todavía atraviesa una fase expansiva y se pregunta qué sucederá cuando el mercado de deuda se tensione y encarezca la financiación del déficit.
