España pierde tres puestos en el ‘Ranking de Competitividad Digital’ de 2023, elaborado por la escuela de negocios IMD (Institute for Management Development), que analiza el grado de adopción y preparación digital de 64 economías, al pasar del puesto 28 que ocupó en 2022 al 31, al tiempo que Estados Unidos ha recuperado la primera posición. Sin embargo, nuestro país ha mejorado en los demás indicadores clave del ‘ranking’ dado que ha pasado del puesto 33 al 31 en el factor tecnología, y del 27 al 26 en el de conocimiento.
Los autores de la clasficiación han destacado que entre los criterios que comprometen el rendimiento de España —y que el análisis considera debilidades, matizan— figuran el uso del ‘big data’ y la analítica (puesto 58 en la lista), la legislación relacionada con la investigación científica (54), la transferencia de conocimiento (44), el porcentaje de exportaciones de alta tecnología (43) y el número de licenciados en ciencias (43).
Una mala noticia para el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que todavía depende de Nadia Calviño —a la espera de obtener la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI)—, ya que el Gobierno ha hecho de la digitalización una de sus apuestas, en teoría, durante la pasada legislatura y la actual que acaba de comenzar. Sin ir más lejos, bajo la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, el Ejecutivo lideraba a principios de noviembre la cumbre Gaia-X Summit 2023 en Alicante, evento que ha congregado a líderes de la comunidad europea de espacios de datos y que ha culminado con el impulso de la autonomía estratégica abierta en la nube, los datos y la inteligencia artificial.
Con la iniciativa Gaia-X, se busca la generación de un modelo para desplegar espacios de datos y lograr un intercambio de datos eficiente. En este sentido, el comunicado subraya que el intercambio de datos proporciona dos beneficios relevantes, como son el aumento de la disponibilidad general de los datos y su utilidad para producir datos conjuntos de mayor calidad. El objetivo impulsado por España en estos seis últimos meses, es lograr una economía de datos «flexible, dinámica y altamente escalable» que facilite el acceso a más y mejores datos de dominios heterogéneos pero complementarios, la mejora de la calidad de los productos y servicios dentro de la cadena de valor.
Con la meta de lograr un Mercado Único de Datos en Europa, el texto de conclusiones del evento señalaba que los procesos de intercambios de datos deben seguir un marco de gobernanza común. Así, valora que el novedoso conjunto de legislación digital y de datos, como la ley de Datos o la Ley de Gobernanza de Datos, se está convirtiendo en una referencia global, pero apunta que todavía existe la necesidad de su articulación práctica para generar trazabilidad y confianza y potenciar la coordinación en los datos.
El Gobierno también ha aprobado el llamado Plan España Digital 2025, que incluye 50 medidas agrupadas en diez ejes estratégicos alineados con las políticas digitales marcadas por la Comisión Europea para el nuevo periodo. Con él, se pretende impulsar el proceso de transformación digital del país mediante la colaboración público-privada y con la participación de todos los agentes económicos y sociales. Aunque parece que todos los esfuerzos del Ejecutivo de Sánchez, de momento no están dando los frutos deseados.
Por su parte, a la cabeza de la clasificación IMD vuelve a situarse Estados Unidos: recuperó el primer puesto de la lista tras caer al segundo lugar por primera vez desde que se creó el ranking de Competitividad Digital en 2017 debido a unos «resultados sólidos» en los factores conocimiento, tecnología y preparación para el futuro.
En tanto, Dinamarca (que lideró la edición de 2022) cayó al cuarto puesto debido a su peor desempeño en los factores de preparación para el futuro y tecnología, mientras que Suiza, la economía mejor clasificada en el factor conocimiento, mantuvo su posición en quinto lugar.
Según los autores del ranking, Estados Unidos, Países Bajos y Singapur, son los únicos estados que pueden considerarse ‘naciones digitales’, es decir, países que facilitan la plena adopción de las tecnologías digitales por parte de gobiernos, empresas y particulares.
