La sostenibilidad del sistema público de pensiones en España entra en una fase crítica. El modelo actual ya no se sostiene. Así lo ha puesto de manifiesto la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que alerta de que «serían necesarios más de un millón de inmigrantes adicionales al año» para mantener a flote el sistema.
Con una tasa de dependencia del 47,8% —es decir, 2,3 trabajadores por cada pensionista—, la Seguridad Social afronta un déficit estructural que pone en cuestión su viabilidad. Sólo en marzo, la factura mensual superó los 13.492 millones de euros. Las previsiones a largo plazo no dejan lugar a dudas: el gasto en pensiones alcanzará el 16,1% del PIB en 2050, frente al 12,9% registrado en 2023. Esto se deberá al aumento del número de beneficiarios y a la revalorización de las prestaciones.
Ni la última reforma impulsada por el Gobierno logra tapar la brecha creciente entre lo que se recauda por cotizaciones y lo que se gasta. La AIReF advierte de que el sistema necesitará recursos adicionales, ya sea vía fondos de la Seguridad Social, vía transferencias desde la Administración Central o, lo más probable, a costa de recortar otras políticas públicas o aumentar el endeudamiento. Todo ello pone en riesgo el cumplimiento de los compromisos fiscales con Bruselas.
El panorama de aquí a 2050 es desolador: menos de 1,4 trabajadores por cada persona inactiva, una tasa de dependencia disparada hasta el 69,8%, y más de un tercio de la población —el 36,8 %— jubilada. La edad mediana alcanzará los 49 años, en una España cada vez más envejecida.
En este contexto, el Gobierno ha fiado el crecimiento del empleo a la llegada masiva de extranjeros. El aumento del empleo en los últimos años ha estado impulsado, casi en exclusiva, por ellos: su afiliación ha crecido tres veces más que la media general. Pero ni siquiera esa vía de escape sirve ya. La propia AIReF concluye que es «improbable» que la inmigración pueda compensar el aumento de la tasa de dependencia. Para lograrlo, haría falta un saldo migratorio neto superior al millón de personas cada año.
A medio plazo, se espera que la inmigración neta se estabilice en torno a las 300.000 o 400.000 personas anuales. Aunque el organismo apunta a que factores como la ley de extranjería o las políticas de Estados Unidos podrían aumentar esa cifra, el desequilibrio estructural no se corregirá.
Como apunte final, la AIReF subraya un dato revelador: las extranjeras han adoptado en tiempo récord los patrones de maternidad de las españolas. En 2002, la fecundidad era de 1,8 hijos por mujer extranjera frente a 1,2 por española. Hoy, esas cifras han caído a 1,3 y 1,1, respectivamente. Es decir, ni siquiera la natalidad puede ya amortiguar el declive demográfico.
