A partir del 1 de noviembre, los desempleados estarán obligados a presentar la declaración de la renta, lo que ha generado controversia. Este cambio, que el Gobierno introdujo el 21 de mayo en un real decreto-ley bajo el título «medidas urgentes para la simplificación y mejora de la protección por desempleo», busca aumentar el control fiscal sobre los parados. Si bien el Ejecutivo ha intentado restar importancia a la medida, lo cierto es que traerá consigo un incremento de los impuestos para algunos beneficiarios del subsidio de desempleo.
El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, intentó quitarle hierro al asunto, describiendo la nueva obligación como una cuestión «documental» y señalando que se trata de «una recomendación de Hacienda». En sus declaraciones, Pérez Rey recordó que se mantendrá el mínimo exento de 15.800 euros para los desempleados, tal y como sucede con el Ingreso Mínimo Vital, lo que implica que no todos los parados tendrán que pagar más.
Sin embargo, la realidad es que, si bien algunos desempleados seguirán sin tener que abonar más impuestos, habrá otros que sí se verán afectados. Los expertos del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) advierten que los más perjudicados serán aquellos que perciban entre 15.876 euros y 22.000 euros anuales provenientes únicamente del SEPE. Anteriormente, los desempleados sólo estaban obligados a declarar si sus ingresos superaban los 22.000 euros o si tenían dos o más pagadores, lo que los igualaba con los asalariados. Con la nueva norma, esto cambia para muchos.
Por ejemplo, un parado que haya recibido 16.000 euros en prestaciones por desempleo, que antes no tenía que presentar la declaración, ahora tendrá que pagar más de nueve euros en Cataluña debido a que las retenciones suelen ser inferiores a la tarifa impositiva. Esta situación se repetirá en otras comunidades, excepto en Madrid, Andalucía, Galicia y Valencia, donde las retenciones ya estaban más alineadas con los impuestos.
El impacto será mayor para aquellos que reciban prestaciones más elevadas. En el caso de un parado con una prestación de 17.000 euros, el aumento del IRPF será generalizado en todas las comunidades autónomas. En Cataluña, este contribuyente pagará 93 euros adicionales, mientras que en Asturias el incremento será de 73 euros. Para los que perciban 18.000 euros anuales, la subida será aún más pronunciada, superando los 100 euros en la mayoría de las regiones.