La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha lanzado una advertencia directa al modelo fiscal español, al señalar que la elevada carga impositiva sobre el trabajo está desincentivando la creación de empleo y debilitando la competitividad económica del país.
En su informe sobre crecimiento y competitividad, el organismo internacional sostiene que España mantiene un sistema tributario que penaliza el empleo, dificultando tanto la contratación como la incorporación de nuevos trabajadores al mercado laboral.
Ante esta situación, la OCDE propone un giro en la política fiscal: reducir el peso de los impuestos sobre el trabajo y trasladarlo hacia figuras como el IVA y los impuestos medioambientales, considerados menos distorsionadores para la economía.
El diagnóstico es claro. España sigue arrastrando una brecha significativa de productividad y altos niveles de paro, especialmente entre los jóvenes. Para la OCDE, uno de los factores clave es precisamente el diseño del sistema fiscal.
Además, el organismo advierte de que el modelo actual favorece el endeudamiento frente a la inversión productiva, lo que limita la innovación y el desarrollo empresarial. A esto se suma la existencia de múltiples exenciones y tipos reducidos de IVA que, según el informe, reducen la eficiencia recaudatoria.
En paralelo, la OCDE plantea también revisar el sistema de prestaciones, sugiriendo una reducción gradual que refuerce los incentivos para trabajar y evitar situaciones de dependencia prolongada de las ayudas públicas.
El informe no se limita al ámbito fiscal. También apunta a la necesidad de reducir la burocracia, mejorar la inversión en infraestructuras y fomentar la innovación empresarial, donde España presenta un retraso respecto a otras economías avanzadas.
En este sentido, destaca el bajo nivel de inversión en I+D y las dificultades de las pequeñas y medianas empresas para acceder a financiación y talento cualificado, lo que lastra el crecimiento a largo plazo.
Por último, la OCDE subraya la importancia de reforzar la formación y la movilidad laboral, con especial atención a la formación profesional y a la digitalización de los servicios públicos de empleo, en un intento de corregir los desequilibrios estructurales del mercado laboral español.
