La iniciativa impulsada por la vicepresidente segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para reducir la jornada laboral semanal máxima en España a 37,5 horas resultaría en un incremento de los costes a las empresas en más de 15.300 millones de euros.
Para el cálculo, se ha considerado el coste potencial que la implementación de la medida tendría en una empresa con 4,5 empleados, utilizando como referencia el Salario Mínimo Interprofesional. Bajo estos parámetros, la primera consecuencia sería que las empresas se verían obligadas a aumentar las horas de los trabajadores a tiempo parcial para cubrir la carga laboral semanal.
Además, el coste efectivo de este ajuste de horario resultaría en un incremento de más de 5.000 euros en los costes laborales. Este aumento no se destinaría a mejorar los salarios de los empleados, sino a cubrir la factura adicional en cotizaciones sociales derivada de dicho ajuste. Así, el análisis del Colegio de Gestores Administrativos multiplica ese coste extra por los 2,9 millones de empresas registradas en España, elevando la factura total a más de 15.000 millones de euros.
Sin embargo, la institución advierte que esta es una estimación mínima, ya que se basa en una empresa que paga el Salario Mínimo Interprofesional a todos sus empleados. Además, no considera el gasto adicional derivado de la necesidad de cubrir un mayor número de horas durante las vacaciones debido a la reducción de la jornada efectiva.
