La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dado una vuelta de tuerca al sistema de maquillaje estadístico que creó Joaquín Almunia a mediados de los años ochenta del pasado siglo y que luego perfeccionó Jesús Caldera para ocultar el paro real con fines electorales. La decisión de obligar a los empresarios a firmar contratos indefinidos a aquellos trabajadores que realizan labores estacionales es sólo la punta del iceberg de un sistema que está tan manipulado que la oficina estadística de la Unión Europea (Eurostat) ni siquiera incluye los datos en sus registros.
El paro registrado en los servicios públicos de empleo (SEPE, antiguo INEM) ha sido manipulado hasta la nausea, llegando a un punto en el que los registros indican que se está reduciendo el desempleo cuando en realidad se destruyen puestos de trabajo. Incluso en meses que en teoría son buenos para el mercado laboral, como el pasado diciembre, la economía española sólo fue capaz de crear 12.640 empleos netos, registrando el peor comportamiento de la última década.
Cuando se bucea en las estadísticas comprobamos que el aumento del empleo público y la inclusión de los trabajadores fijos discontinuos como afiliados ocupados (600.000 parados ocultos) son de elementos principales que sostienen el discurso de la ministra. El pasado martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, llegó a sacar pecho porque «la tasa de paro se está reduciendo», obviando que España es el país con más desempleo de Europa y que está también a la cabeza de los países de la OCDE en peor desempeño laboral.
La reforma de Rajoy ayuda a Díaz
Los técnicos de los ministerios económicos del Gobierno son conscientes de que este discurso triunfalista no podrá mantenerse durante mucho tiempo. La economía española sólo es capaz de crear empleo neto con un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) superior al 1% o 1,5%. Este umbral era superior antes de la reforma laboral de 2012 –rondaba el 2%– pero tal como explica Funcas, la flexibilidad interna que introdujo la citada reforma permitió a las compañías ajustar salarios y otras condiciones de trabajo evitando despidos.
Es una gran paradoja que esta modificación normativa –tan criticada por el PSOE y Podemos– permita ahora al Gobierno de coalición limitar el impacto de la desaceleración económica en el mercado de trabajo español.
Hay otros elementos oscuros que permanecen en un segundo plano, como por ejemplo el hecho de que todavía haya 20.000 trabajadores en situación de ERTE, una cantidad que no baja a pesar de que el Ministerio de Trabajo impulsó esta figura para luchar contra los efectos de la pandemia, primero, y después por la crisis económica como consecuencia de la intervención rusa en la guerra de Ucrania.
Otro de los puntos negros que nadie quiere aclarar es que existen 1,1 millones de personas que están registradas como demandantes de empleo en las oficinas del SEPE pero que figuran como «ocupados» a los efectos de calcular el volumen de desempleados. A los que hay que sumar aquellos que tienen demandas de empleo específica y los que están en procesos de formación (los polémicos DENOS).
Desde el organismo oficial se indica que estos «demandantes de empleo ocupados» son personas que están trabajando pero que desean un puesto de trabajo mejor y que acuden al SEPE para obtenerlo. Una explicación que cae por su propio peso al comprobar que esta institución sólo intermedia el 2% de los contratos.
Sube el gasto por prestaciones
Un factor que expone hasta qué punto la propaganda gubernamental es evidente es que el gasto en prestaciones por desempleo haya subido más del 10% durante 2022 respecto a las cifras prepandemia, lo cual no cuadra con el hecho de que España haya creado 470.000 empleos netos en todo el ejercicio, según las cifras de la Seguridad Social.
Una de las voces sindicales que más está poniendo el acento sobre esta cuestión es el director del gabinete de estudios de la Unión Sindical Obrera (USO), José Luis Fernandez Santillana, especialmente en el caso de los trabajadores en ERTE, que cobran una prestación a pesar de figurar como ocupados (no desempleados).
A este respecto, Fernández Santillana añade que en diciembre «se han realizado más contratos indefinidos que personas los han suscrito, esto implica que algunos de ellos, cerca de 35.000, han sido objeto de más de un contrato indefinido. Son contratos que están implementado el pluriempleo y el incremento de la contratación a tiempo parcial».
Las horas trabajadas se reducen
Para calibrar el estado del mercado laboral hay que acudir a la Encuesta de Población Activa del INE –cuya independencia está en entredicho tras el asalto del Gobierno– y al cálculo de horas trabajadas, que es el indicador que los especialistas consideran más adecuado. Y aquí es donde descubrimos la gran farsa, porque en estos momentos los españoles trabajan menos horas que en 2019.
«No tiene sentido que aumente la afiliación y el empleo mientras se reducen las horas trabajadas. Y mucho menos que sea compatible con un aumento del PIB, según reflejan las cifras del Gobierno. El subempleo está creciendo y las bajas laborales también, sobre todo en la Administración Pública», explica un técnico laboral que trabaja en el SEPE.
Si nos centramos en los trabajadores por cuenta ajena el escenario es aún más desolador. El año que acaba de concluir ha sido el peor de la última década, perdiendo 30 autónomos al día en diciembre. Si cogemos la media anual, sólo ha aumentado el número de estos trabajadores en cinco personas netas en todo 2022, frente a la media anual de 30.400 que tenía España desde 2013, según datos de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).
Una de las principales causas de esta debacle es la reforma del sistema de cotización, que elevará las cuotas al menos al 25% de los autónomos, según ha admitido el propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Otro problema añadido es que uno de cada tres afectados por la reforma ni siquiera sabe cómo le impactará, según el último barómetro publicado por ATA. Gestores fiscales consultados por La GACETA indican que ni siquiera ellos tienen muy claro cómo se hará efectiva esta modificación.
