Administraciones gobernadas por el Partido Popular y el PSOE destinaron en 2024 más de 63 millones de euros al desarrollo agrícola en el extranjero, mientras el campo español se enfrenta a crecientes dificultades derivadas de las exigencias fiscales, sanitarias y medioambientales impuestas en el marco del Pacto Verde Europeo.
Según los datos publicados por el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, estos fondos han sido canalizados principalmente hacia organismos internacionales. Entre los mayores beneficiarios destacan el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), que ha recibido más de 20 millones de euros; el Fondo Conjunto para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con una aportación de 14 millones; y el Programa Global de Agricultura y Seguridad Alimentaria, que ha recibido cerca de 12 millones. Además, el Ejecutivo ha destinado casi seis millones exclusivamente a proyectos agrícolas y alimentarios en África, como la distribución de pescado en Mauritania; o el desarrollo de la cuenca hidrográfica de Moulaya, en Marruecos;
Mientras tanto, el descontento crece entre los agricultores españoles. En los últimos meses, cientos de ellos han salido a las calles para denunciar lo que consideran una política de abandono y sometimiento a Bruselas. Las restricciones derivadas del Pacto Verde, como los elevados requisitos medioambientales, los controles fitosanitarios o las cargas fiscales, están asfixiando al sector primario nacional.
A esto se ha sumado la creciente presión sobre los terrenos agrícolas, donde muchos productores denuncian que sus tierras están siendo expropiadas o presionadas para dar paso a grandes instalaciones de energía solar, lo que consideran un «acoso y derribo» al campo en nombre de una transición ecológica.
