Las prisas del Gobierno de Pedro Sánchez por hacerse con el control de Telefónica exponen a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a posibles sanciones en Estados Unidos. El apresurado movimiento para alcanzar una participación del 10% en la compañía ya había puesto en riesgo a la SEPI por no notificar a tiempo a los reguladores internacionales. Ahora, el reciente cambio en la presidencia de Telefónica, con la llegada de Marc Murtra, incrementa las probabilidades de que se produzcan reclamaciones legales por posibles daños a terceros, incluidos los clientes de la empresa, según avanza el diario Vozpópuli.
El Estado alcanzó el 10% del capital de Telefónica en mayo de 2024, una decisión tomada para contrarrestar la presencia de STC Group, una empresa controlada por la familia real saudí. STC, tras año y medio operando con un 5% mediante derivados, ejecutó su participación hasta alcanzar el 9,97%. Tras invertir unos 2.300 millones de euros, el Gobierno aseguró un asiento en el consejo de administración de Telefónica y facilitó la sustitución de José María Álvarez Pallete por Murtra, procedente de Indra.
El proceso para alcanzar el 10% del capital expuso a la SEPI a sanciones por no informar puntualmente a diversos reguladores internacionales, según fuentes jurídicas. Aunque estas sanciones fueron evitadas tras contratar al despacho Baker McKenzie, la colocación de Murtra al frente de la operadora abre la posibilidad de que la SEPI sea considerada responsable de mala gestión bajo la legislación estadounidense.
La figura del ‘control person’, recogida en las normas especiales de la SEC (el regulador bursátil de EE. UU.), es clave en este contexto. Esta categoría aplica a quienes adquieren el 10% o más de una compañía o a quienes ocupan posiciones que les permiten influir en la toma de decisiones. La SEPI activó la primera condición en mayo de 2024, y la segunda ahora con el nombramiento de Murtra, incrementando la posibilidad de demandas legales, según interpretan las fuentes consultadas.
El principio de responsabilidad del ‘control person’ implica que estas entidades o individuos pueden ser considerados responsables de los daños causados a terceros por la empresa, como los clientes. Si la compañía no actúa con la diligencia debida en la gestión de sus actividades y ello resulta en perjuicios, el ‘control person’ podría ser considerado legalmente responsable.
Telefónica está listada en la Bolsa de Nueva York desde 1987 mediante American Depositary Receipts (ADR), certificados negociables que representan acciones de empresas extranjeras y permiten el cobro de dividendos en dólares. Además, Telefónica cotiza en la Bolsa de Lima bajo la misma modalidad desde el año 2000.
El nombramiento de Murtra refuerza la influencia de Moncloa en el consejo de administración de Telefónica, dado que es un hombre de confianza del presidente del Gobierno, con estrechos lazos con la rama catalana del PSOE. Murtra proviene de Indra, donde la SEPI controla más del 25% del capital.
