La vicepresidente primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció en julio el inicio inminente de una ronda de negociaciones con las comunidades autónomas para abordar la condonación de la deuda. «Nos reuniremos con los gobiernos autonómicos a lo largo de julio y continuaremos en septiembre para intentar alcanzar un consenso», afirmó la ministra tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Sin embargo, casi dos meses después, los gobiernos autonómicos señalan que no han recibido noticias sobre estas reuniones y que el Ministerio de Hacienda habría decidido cancelarlas debido al deterioro de sus apoyos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, optando por esperar a ver cómo evolucionan los acontecimientos.
En este sentido, la ministra María Jesús Montero ha presentado recientemente al Consejo de Ministros las mismas cifras que el Congreso rechazó en julio, advirtiendo que, si no se aprueban, los más afectados no serán el Gobierno, sino las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que perderán cerca de 12.000 millones de euros de margen de gasto en los próximos dos años.
Montero ha argumentado que, de no aprobarse los nuevos objetivos de estabilidad, más flexibles y que permiten un déficit del 0,1%, el Gobierno se vería obligado a aplicar los objetivos actuales, mucho más estrictos, que exigen a las comunidades autónomas y ayuntamientos generar un superávit en 2025. En ese escenario, «las comunidades autónomas perderían 3.200 millones de euros de capacidad de gasto y los ayuntamientos 1.600 millones en 2025», advirtió la ministra.
Además, esta cifra se multiplicaría en 2026 ya que las comunidades autónomas tendrían dos décimas menos de PIB de capacidad fiscal, al igual que los ayuntamientos, elevando la factura a cerca de 7.000 millones de euros. En total, la pérdida de margen fiscal sería de 4.850 millones el año que viene y de 6.700 millones en 2026, un total de 11.550 millones de euros menos «de recursos para invertir en sanidad, educación, en dependencia y en servicios sociales», ha recalcado la ministra.
Negociaciones con Cataluña para el cumplimiento del acuerdo de investidura
La vicepresidente primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado en cambio el inicio de las negociaciones con la Generalidad de Cataluña para garantizar el cumplimiento del acuerdo de investidura con Salvador Illa, que contempla una financiación especial para la comunidad catalana. «Tenemos previstas reuniones para evaluar la disposición de la Generalidad a asumir las nuevas competencias pactadas», señaló Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
De esta manera, Montero pondrá especial énfasis en Cataluña para facilitar la aprobación de unos presupuestos que serán clave para la estabilidad de la legislatura. En este contexto, aseguró: «Nos ajustaremos al calendario acordado lo máximo posible», con el objetivo de tener listos los primeros cambios normativos en el primer semestre de 2025, permitiendo a Cataluña recaudar íntegramente el IRPF a partir de ese momento.
