En 2023, un total de 57.000 extranjeros extracomunitarios accedieron a España de forma ilegal. La gran mayoría vinieron de países africanos, variando la proporción de inmigrantes magrebíes y subsaharianos dependiendo del año. Ese año, gasto público per cápita en España fue de 14.000 euros, una cantidad que se puede asignar a los 52.000 adultos inmigrantes que, al estar en el país, son usuarios de los servicios de salud, educación y otros servicios públicos. Esto implica un coste total de 728 millones de euros.
El proceso de atención a estos inmigrantes incluye numerosos gastos adicionales, desde su rescate en alta mar hasta su eventual repatriación. Salvamento Marítimo (SASEMAR), por ejemplo, tuvo un presupuesto de 190 millones de euros en 2023. Aproximadamente la mitad de los rescates están relacionados con la inmigración irregular, aunque la organización también se dedica a otras actividades, como la lucha contra la contaminación marina. Así, se calcula que una cuarta parte del presupuesto, es decir, unos 47,5 millones de euros, se destinó al rescate de inmigrantes, según ha adelantado el diario El Debate.
Otro gasto significativo es el traslado de inmigrantes desde Canarias a la península o su repatriación, que supuso 19,2 millones de euros en 2023, según los datos del Ministerio del Interior.
Por otro lado, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones gestionó 130 millones de euros para el programa de Atención Humanitaria. Este programa cubre la atención en Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETIs) en Ceuta y Melilla, centros de emergencia y derivación, y traslados en situaciones de emergencia. Cabe destacar que este programa es distinto al que se dedica a la atención de solicitantes de asilo, que tiene un presupuesto de 140 millones y no se incluye en este análisis.
El sistema de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) también incurre en gastos significativos. Los inmigrantes sujetos a devolución ocupan aproximadamente la mitad de los espacios en estos centros, lo que supone un coste de 10,4 millones de euros, que incluye la alimentación, asistencia sanitaria y una subvención directa de 1,2 millones de euros a Cruz Roja, así como los costes de ampliación y mejora de las instalaciones.
El coste de la asistencia legal gratuita para los inmigrantes interceptados en su entrada ilegal alcanza los 32 millones de euros. Cada comunidad autónoma establece el pago a los abogados de oficio, siendo un ejemplo el módulo de Canarias: 414 euros por la defensa desde la llegada a la costa hasta los recursos judiciales, más 208 euros adicionales para las apelaciones ante el Tribunal Superior de Justicia. Esto suma 622 euros por inmigrante, y multiplicado por los 52.000 inmigrantes, se alcanza la cifra mencionada.
A este gasto se suma el coste relacionado con los salarios de policías, funcionarios de extranjería, personal de servicios sociales, médicos forenses, jueces y otros empleados públicos involucrados en la gestión de la inmigración ilegal. Aunque una estimación precisa requeriría un análisis detallado, se ha decidido equiparar este coste al de la asistencia jurídica, es decir, 32 millones de euros.
También hay que tener en cuenta las grandes cantidades anunciadas por Pedro Sánchez abogando por una «inmigración circular». En total, y sólo para Mauritania, anunció la entrega de 500 millones de euros.
Además, un factor relevante, aunque difícil de cuantificar, es el gasto de las ONG dedicadas al tráfico de personas. Muchas de estas organizaciones, como Cruz Roja, CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), ACCEM, Servicio Jesuita a Migrantes y Cáritas, reciben gran parte de su financiación de subvenciones públicas, lo que añade otro elemento a los costes generados por la inmigración irregular. En total, y añadiendo también el gasto por cuidado de cada inmigrantes (menor y mayor de edad), el gasto supera la barrera de los 2.000 millones de euros. De hecho, sólo los menas suponen un gasto mayor a 1.000 millones de euros y el Gobierno está concediendo más de 100.000 euros por cada uno a las comunidades autónomas que los acogen.
