El preacuerdo entre Esquerra Republicana y el PSOE para la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalidad incluye un punto crucial: la cesión total de la gestión de la Hacienda catalana, lo que implica «gestionar, liquidar, recaudar e inspeccionar» todos los impuestos al 100%. Esta medida se implementará a través de una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), ya respaldada por el PSOE.
Con este acuerdo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cede a ERC el control de su Hacienda, presentándolo como un avance significativo hacia la «autodeterminación» para ganarse el apoyo del independentismo. Cataluña obtendría así un «concierto económico» similar al del País Vasco, saliendo del régimen común de financiación de las comunidades autónomas para recibir un trato preferente.
Sin embargo, esta propuesta no está contemplada en la Constitución, como había señalado anteriormente La Moncloa, que afirmaba que cualquier nuevo modelo de financiación se desarrollaría «dentro de lo permitido por la Constitución y el Estatuto». Incluso Salvador Illa había rechazado firmemente esta demanda de los republicanos como condición ineludible para su investidura, afirmando: «Hay que tener los pies en el suelo».
Los inspectores de Hacienda afirman que «revienta la solidaridad fiscal»
La Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado ha subrayado que el preacuerdo entre ERC y el PSC supone «la ruptura total del sistema». Asimismo, retrata que, una vez más, Pedro Sánchez ignora el principio de igualdad y solidaridad en términos fiscales, prefiriendo privilegiar a los catalanes.
En específico, el inspector Julio Ranses Pérez ha afirmado en La Ser que «si se consuma este pacto, se atenta contra la solidaridad, pero también contra el sistema de control». Además, recuerda que «es como si se les bajaran los impuestos a los más ricos», algo a lo que el Gobierno de Sánchez siempre se ha mostrado contrario.
