La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha vuelto a enfrentarse contra el transporte aéreo para conseguir imponer nuevos impuestos que desincentiven su uso. En específico, la última propuesta registrada por el partido Sumar plantea gravar los vuelos internacionales y los cruceros con un IVA del 10% y, en consecuencia, encarecer notablemente los billetes que hasta ahora estaban exentos de este impuesto.
La líder de Sumar defiende la medidas como un paso necesario hacia la «justicia social y ambiental«, aunque hasta el momento el PSOE no termina de respaldarla del todo. En este sentido, las tensiones entre ambas formaciones se han disparado en el marco de las negociaciones por la Ley de Movilidad Sostenible, una norma que el Gobierno de Pedro Sánchez necesita aprobar para cumplir con las exigencias de Bruselas y asegurarse los fondos europeos de recuperación.
Sin embargo, estas medidas tendrán un impacto negativo en el turismo internacional, especialmente en un momento en el que la recuperación tras la pandemia aún está en marcha. Asimismo, una mayor carga impositiva disuade a los viajeros y afecta al turismo, un sector clave para la economía española ya perseguido tras ponerse en marcha el liberticida registro de viajeros que recaba más datos sobre los clientes.
Aunque Díaz intenta presentar sus propuestas como pasos hacia un modelo más sostenible, en realidad estas medidas no sólo amenazan la relación entre los socios de Gobierno, sino que también crean gran incertidumbre en sectores clave. Por el momento, la Ley de Movilidad Sostenible se está perfilando más como un nuevo frente de confrontación política que como una solución acordada para modernizar el transporte en España.
