El nuevo Registro de Viajeros que deberán realizar las agencias de viaje, hoteleras y alquiladoras de vehículos sin conductor se ha activado este lunes por el Ministerio del Interior. El diseño obliga a las empresas turísticas a recabar y trasladar al Gobierno muchos más datos sobre los clientes, incluyendo la relación de parentesco con los menores que les acompañan o sus métodos de pago.
Desde el Ministerio aseguran que es necesaria esa información «precisa e indispensable» para las fuerzas y cuerpos de seguridad, en un momento donde «los mayores ataques a la seguridad ciudadana vienen protagonizados tanto por la actividad terrorista como por el crimen organizado, en los dos supuestos con un marcado carácter transnacional».
Sin embargo, todo el sector del turismo está en contra de este registro y pide su aplazamiento. En este sentido, distintos representantes ya han manifestado su intención de acudir a los tribunales para echar atrás esta iniciativa, además de pelear las posibles sanciones como consecuencia de las fuertes exigencias. El presidente de la patronal de los hoteles, Jorge Marichal, ha defendido que acudirá ante la justicia «para intentar tirar todas esas cosas que consideramos que son injustas».
Además, Marichal explica que «es probable que cuando lleguen los turistas no quieran darnos su email, ni su teléfonos, que no quieran decirnos qué grado de parentesco tienen con las personas con las que estarán en la misma habitación porque en su país no lo tienen que hacer y estamos dentro de la Unión Europea».
