La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha iniciado la legislación para establecer una jornada laboral de 37,5 horas semanales sin reducción salarial, aunque su objetivo final es reducirla a 32 horas. Tras varios encuentros con empresarios y sindicatos, ha quedado claro que alcanzar un acuerdo con las empresas es más complicado y que UGT y CCOO tienen prisa.
Díaz anunció en la sede de la OCDE en París que la primera reducción de la jornada se implementará de inmediato, justificando que es «imprescindible» para mejorar la productividad en España.
La mayoría de los asalariados cubiertos por convenios colectivos podrían verse afectados por esta medida, lo que provocaría un impacto significativo en las condiciones laborales de una gran parte de los trabajadores en España.
Ante esta situación, fuentes de la patronal expresan su preocupación por la falta de un cálculo de impacto normativo preciso y detallado, temiendo que el aumento de costos sea insostenible para las pequeñas empresas, con el riesgo incluso de cierres.
El coste empresarial ascendería a 64.000 millones
La reducción de la jornada laboral en 2,5 horas para los 21,2 millones de ocupados implicaría un aumento de los costos laborales para las empresas de aproximadamente 64.000 millones de euros, equivalentes a 4,2 puntos del PIB.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, no descarta la negociación, pero insiste en que debe realizarse «sector a sector» y en «cada mesa de negociación». Reitera que «no todos los sectores son iguales» y subraya la importancia de abordar este asunto individualmente, «como se ha hecho siempre».
Asimismo, fuentes de la patronal afirman que «es imposible que un aumento del 6,25% en los costos se compense completamente con una mejora en la productividad». Según datos publicados por la OCDE entre 2018 y 2023, España ha experimentado una pérdida del 4% en productividad.
Las recomendaciones de la OCDE
La OCDE ha presentado un informe sobre la evolución de la productividad en España. Ante ello, alertó que la reducción de la jornada laboral deberá tener el apoyo de la patronal y los empresarios.
Además, el director de Empleo de la OCDE, Stefano Scarpetta, reiteró que «si se impone una reducción de la jornada laboral sin diálogo, hay empresas que no se lo pueden permitir. Hay gente que trabaja horas y horas extra que no se les pagan».
