Las declaraciones de esa figura emergente del comunismo español y responsable directa del desastre en la gestión del Servicio de Público de Empleo Estatal (SEPE), la vicepresidente Yolanda Díaz, sobre un supuesto informe presentado por ella sobre los riesgos del covid-19 en los primeros días de marzo de 2020 al Consejo de Ministros —riesgos que ella, junto al resto del Gobierno, negaron en público—, merecen al menos dos reflexiones.
La primera, tantas veces escrita, es la absoluta estupefacción que supone ver cómo España es uno de los pocos países del mundo en los que el Gobierno, de quien depende la Fiscalía General del Estado en manos de la compañera sentimental del ex juez prevaricador y abogado de narcochavistas, Baltasar Garzón, ha conseguido que la Justicia no pueda investigar las presuntas (y más que evidentes, añadimos) responsabilidades derivadas de la pésima gestión que se hizo de los riesgos de la pandemia.
Sobre la tumba de más, de muchos más de 100.000 españoles, el Gobierno del «no dejaremos a nadie atrás» dio y sigue dando muestras de una absoluta incompetencia que debe ser investigada no sólo para depurar responsabilidades, sino para devolver la confianza al pueblo vapuleado por la crisis causada por el virus y por sus cómplices por acción u omisión. Así se hace en todos los países serios del mundo, desde Estados Unidos a Brasil, pasando por Francia. Sólo ciertas repúblicas bananeras y las dictaduras comunistas que las suelen acompañar, han conseguido frenar las lógicas y justas demandas de información y de investigación de sus gobernados. En España, el peor país de Europa en la gestión de las primeras olas de la pandemia, hemos asistido a un festival de incompetencia que en vez de justicia sólo ha recibido ascensos y premios por parte del Gobierno, su red clientelar y de sus medios acólitos subvencionados.
La segunda reflexión es que la vicepresidente comunista Díaz ha incumplido su promesa de mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. No es un asunto menor. La Ley así lo exige y la promesa no es una mera formalidad, sino una obligación constitucional para la mejor gobernación del Reino de España. Es cierto que todas esas palabras —obligación, constitucional, mejor, Reino y España— son desconocidas para el comunismo, pero no lo deben ser para el presidente del Gobierno que ya tarda en mandar un motorista a la casa de Yolanda Díaz a comunicarle su cese fulminante por desleal y desobediente. Dos de las ‘cualidades’ recién descubiertas de la vicepresidente Díaz que se unen al defecto que ya conocíamos: su demostrada incompetencia.
Si esta señora, tras la marcha/fuga de Pablo Iglesias es lo mejor que puede ofrecer el comunismo (nótese el sarcasmo), apaga y vámonos. O mejor, que paguen y se vayan.