De todos los debates prohibidos por los partidos del consenso en la alternancia, sumisos a la tiranía de la corrección política, quizá el más importante, por lo que tiene para el futuro de España, es el debate poblacional.
Por descontado que debimos haberlo debatido no hace tanto, sin ir mucho más lejos que a principios de los 90, cuando España todavía tenía una población homogénea, que es la característica esencial de las naciones en las que predomina un sentido de orden social. Pero no lo hicimos. Y por no haberlo hecho cuando debimos, hoy es más necesario que nunca.
Sin embargo, el régimen partitocrático español, a excepción de Vox, se niega a encarar el problema evidente de que la multiculturalidad y la diversidad, los falsos pilares sobre los que el consenso apoya los beneficios (?) de la inmigración masiva y desordenada, sobre todo la que proviene de culturas antagónicas a la nuestra, no le sientan bien a España.
Por más datos que demógrafos, sociólogos, economistas y, lo que es más relevante ahora mismo, criminólogos, aporten a la tesis de que la inmigración ilegal y desordenada acarrea graves y crecientes problemas de precarización del mercado laboral y de inseguridad en las calles, los partidos de la alternancia, PSOE y PP, cierran los ojos, los oídos y callan. Como los tres monos sabios del santuario japonés de Toshogu, pero sin sabiduría alguna.
Esta rendición de populares y socialistas al sistema que ellos han creado, ha consentido la degradación evidente e irreversible de ciudades como Barcelona y Bilbao, ha puesto en peligro la mayor parte del litoral mediterráneo y ha alcanzado la Comunidad de Madrid, donde el 60 por ciento de los delitos —datos oficiales— lo cometen criminales del 14 por ciento de población extranjera. Eso, por supuesto, sin tener conocimiento del porcentaje delictivo que corresponde a delincuentes nacionalizados.
No es que los torpes nacionalistas que mandan en Bilbao, los podemitas barceloneses o el PP de Ayuso y Almeida nieguen los datos. No pueden. Es que no quieren hablar de ellos y no permiten el debate. Parapetados tras sus escoltas y sus coches oficiales es fácil hablar de inclusividad y diversidad o decir, como hizo la presidenta Ayuso, que «son tan españoles como Abascal». Pero la realidad de los barrios, sobre todo los de la periferia madrileña y buena parte de los pueblos de la región, nos cuenta la magnitud del problema. Que no es el que padecen hoy los madrileños —incluidos los inmigrantes que apuestan su futuro a la integración en la sociedad española—, sino el que padecerán.
Así empezó París, con políticos socialdemócratas —y en el asunto de la inmigración, como en tantos otros, el PP lo es— que no hicieron nada y lo justificaron en que no querían alimentar «prejuicios raciales». Así ha terminado.
Así empezó Madrid y ya va por la mitad del camino. Así terminará. Con más culpa porque los populares que mandan desde siempre en la Comunidad y casi siempre en el Ayuntamiento de la capital estaban avisados y no movieron un dedo por el miedo a que alguien pueda decir de ellos que no son lo bastante inclusivos.
