La jugada de la mayoría progresista —muerte, ¿dónde está tu progreso?— en el Tribunal Constitucional de impedir la abstención de la magistrada Concepción Espejel en las deliberaciones sobre el recurso sobre la ley de plazos del aborto del Gobierno Zapatero presentado hace doce años y medio por el PP (eran otros tiempos), es una maniobra que cualquiera podría calificar como malintencionada. Pero no sería justo. Es bastante peor que malintencionada. Dejémosla en vil.
Como saben los lectores de La Gaceta, Espejel solicitó no participar en el debate sobre el recurso alegando que, antes de ser magistrada del TC, cuando era miembro del Consejo General del Poder Judicial, redactó una enmienda en la que se oponía desde un punto de vista jurídico a la ley de plazos para la terminación —que no interrupción— voluntaria del embarazo. Ese antecedente de parcialidad debía ser motivo suficiente para que la magistrada provida (etiquetémosla así para mayor claridad) se abstuviera en la resolución del recurso.
Cualquiera puede pensar que la mayoría progresista lo que debería querer es que Espejel no participara. Pero, aquí viene la escandalosa villanía, esa mayoría progresista no puede consentir la abstención de la magistrada porque entonces deberían abstenerse, y con más razón que en el caso de Espejel, tres magistrados progresistas del TC: su presidente y ex fiscal general del Estado en tiempos de Zapatero, Candido Conde-Pumpido (¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso); la vicepresidente del TC Inmaculada Montalbán y el ex ministro de Justicia de Sánchez, Juan Carlos Campo, que fue secretario de Estado de Justicia en el Gobierno de Zapatero que promulgó la ley recurrida. Montalbán, por cierto, también se pronunció en sus tiempos de vocal del CGPJ sobre la ley de plazos del aborto de una manera parecida a la Espejel, aunque Montalbán a favor.
En resumen, la mayoría progresista en el Constitucional niega a Espejel la preceptiva inhibición en las deliberaciones para impedir que Conde-Pumpido, Montalbán y Campo también tengan que hacerlo y pierda el quórum necesario para resolver el recurso de la Ley de plazos del aborto que, ya lo adelantamos, será desestimado.
Por más que nos duela esta maniobra artera y siniestra propia de regímenes bananeros bolivarianos, hará bien el Tribunal Constitucional en desestimar el recurso presentado hace doce años y medio por el Partido Popular. Un PP que no derogó la ley cuando tuvo el mandato y la oportunidad de hacerlo, que purgó a los diputados provida que había en sus filas y que, ayer mismo, por boca de su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, confirmó en unas declaraciones televisivas que los populares ya no se oponen al aborto, ni a la ley de plazos que lo convierte de facto en un derecho, porque «la sociedad española ha evolucionado».
Extraña evolución la que nos propone el Partido Popular hacia la cultura de la muerte. Más parece una involución hacia la barbarie. El día que la sociedad española evolucione de verdad será el día en el que el aborto, acabar con la vida de un indefenso ser humano en el vientre de su madre, no sea ilegal, sino impensable. Y ese día llegará.
