Aunque es cierto que el concepto de seguridad no está en nuestra Constitución como tal, es innegable que sin seguridad, entendida como tranquilidad pública, todos los principios constitucionales, sobre todo el de la defensa de la libertad como valor supremo, quedan disueltos.
El libre ejercicio de los derechos individuales precisa que los barrios y las calles de nuestros municipios, donde vivimos, trabajamos y nos relacionamos, sean seguros. Por desgracia, los poderes públicos y la mayoría de los partidos políticos desafían con regularidad esta necesidad vital. A veces, por incompetencia. Otras, y esto es mucho más grave, por irresponsabilidad. Dediquemos unas líneas a este segundo desafío a la seguridad.
Es obvio que, por más avanzada que sea una sociedad, es imposible erradicar el delito. Pero sí que es necesario prevenirlo y hasta precaverlo con los medios legales y policiales necesarios. Igual de obvia resulta la idea de que ningún poder público tiene el menor derecho a promover actividad alguna que pueda suponer un menoscabo para la seguridad de los españoles.
En este sentido, es irresponsable promover, como hacen todos los partidos políticos a excepción de Vox, la inmigración como una necesidad beneficiosa para España. La inmigración sólo es aceptable cuando es legal, ordenada, adecuada a las necesidades reales de la nación y en origen. Es decir, cuando el Estado a quien encomendamos la labor de salvaguardar el orden público y la paz social ha podido comprobar de antemano la idoneidad del inmigrante, sus méritos y, al menos, su compromiso con el respeto a la identidad de la sociedad española y al libre ejercicio de los derechos que, como hemos escrito antes, desaparecen en ausencia de seguridad.
Por desgracia, la promoción irresponsable y mentirosa de la inmigración como una necesidad ha causado un enorme perjuicio a la seguridad. La indefensión consciente de nuestras fronteras frente a fenómenos migratorios alentados por determinados países y por ciertas organizaciones no gubernamentales que alientan la inmigración como una forma de negocio, guarda una relación probada con el fenómeno de inseguridad creciente que soportamos a diario en las calles y en los barrios de toda España.
Por todo lo anterior y por lo que está en la experiencia del lector que sufre la degradación de nuestras libertades fruto de la intranquilidad pública, es por lo que nos defrauda que ciertos partidos, sobre todo el PP, mantengan su respaldo a una política inmigratoria que no guarda relación con las verdaderas necesidades de España —como la de una política activa de promoción de la natalidad— y que es perjudicial para los españoles y también para los residentes legales en nuestra nación.
Pero no debemos engañarnos. Las libertades y los derechos necesitan defensa. No sólo por parte de los poderes públicos, por desgracia colonizados por una mayoría de partidos inmigracionistas por convicción o por estrategia electoral, sino que depende de la responsabilidad individual de cada uno de los españoles.
No podemos pretender la defensa de nuestra seguridad, de nuestra identidad y de nuestros derechos mientras con nuestro voto avalamos las erradas políticas inmigratorias del bipartidismo y de sus partidos satélites. Recordémoslo cuando seamos convocados a elegir a nuestros representantes. No es el voto útil, sino el voto responsable.
