Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia? Sin la virtud de la justicia, ¿qué son los reinos sino unas bandas de ladrones? (San Agustín, La Ciudad de Dios)
El presente pandémico se parece mucho al pasado precovid, con el agravante de que el Welfarestate, el Estado del Bienestar —ese mantra intocable que durante los últimos 40 años ha servido para reventar a los españoles a impuestos y tributos con la promesa de garantizarles todos los derechos sociales y alguno más, incluida la mejor sanidad del mundo—, ha salido muy dañado del primer año del virus exterminador importado de China.
Sólo un egomaníaco narcisista atrincherado en un palacio pagado con dinero público (incluido el colchón) junto a una legión de torpes aduladores (entre los que desde ayer ya no encontramos a la cesada secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva, ni a Víctor Echevarría, jefe de la Unidad de Políticas Macroeconómicas y Financieras) podría pensar que, en la situación de crisis económica en la que malvive la clase media trabajadora, este es un magnífico momento para cambiar los ‘hábitos de salud y medioambientales’ de los españoles a golpe de tasas e impuestos, tal y como ha dicho la ministra Montero para justificar los hachazos fiscales que día a día se nos anuncian.
Porque sabemos que esa justificación es mentira (una más del Gobierno sanchista, y van cientos), que si no, deberíamos editorializar también sobre ese oscuro paternalismo estatal que se arroga el derecho a usar medidas de fuerza para cambiar nuestros hábitos contaminantes, como, por ejemplo, esa manía inmoderada y, por lo que parece, viciosa, de viajar en libertad por autovías ya pagadas, y más que pagadas, con nuestros impuestos.
La realidad es que España está en una pésima situación económica después de décadas de despilfarro político y de una gestión basada en parchear con endeudamiento lo que no se ha solucionado con ahorro, contención y eficiencia administrativa. Que la nueva normalidad pase por hurgar en los bolsillos de la empobrecida clase media trabajadora como lo haría una banda de ladrones —magna latrocinia— y la obligue a pagar peajes, impuestos verdes y otras mentiras; que vea comprometida su capacidad casi nula de ahorro perdiendo todo incentivo patrimonial, y que todo sea para pagar los desmanes y déficits de los políticos de un sistema que no es cuestionado por las formaciones del bipartidismo, ni por el corrupto sindicalismo clásico, y que reserva pena de ultraderechismo para todo el que lo dispute, nos coloca en una situación peligrosa de cara al futuro y agranda la distancia casi infinita que hay entre la ficción política y la realidad.
Es decir, la distancia que hay entre una banda de ladrones y sus víctimas o, lo que es lo mismo, entre gobernantes y gobernados a golpe de impuestos, tasas, tributos, embargos y planes verdes de resiliencia.
