Como informamos hoy en La Gaceta, la Junta Noruega de Investigación de la Salud ha decidido llamar a la sensatez y prohibir las llamadas «transiciones de género» en menores de edad. Usando criterios médicos y no políticos, la autoridad sanitaria noruega ha resuelto que las actuales directrices políticas de reasignación de género no están basadas en evidencias científicas, sino en el uso abusivo de una falacia de evidencia incompleta con fines políticos.
Para esta autoridad sanitaria, todas estas técnicas deben ser consideradas experimentales y, por lo tanto, como ordena la deontología médica, prohibidas de manera absoluta para los menores de edad, al tiempo que recuerda que la edad mínima para la esterilización voluntaria es a los 25 años. Noruega se suma así otros países como Suecia, Finlandia y Reino Unido, y a ciertos estados de los EE UU, que han decidido detener esta locura trans que ha causado daños irreparables a miles de menores en todo el mundo.
Mientras una parte sustancial y en aumento del mundo occidental se rinde a la evidencia científica, un total de catorce leyes autonómicas y una ley nacional dan cobertura hoy en España a la posibilidad de que un menor de edad pueda aprovechar su inmadurez y su confusión para exigir sin las necesarias tutelas médicas una reasignación de su sexo basándose en una autodiagnosticada disforia de género usando para ellos fármacos y cirugías con efectos irreversibles.
Es dramático que en España sólo Vox inste a la derogación inmediata de todas estas leyes que vulneran la integridad física y mental de los menores de edad. Parece mentira, y causa bochorno, que haya que recordar la especialísima protección que merece y requiere la infancia por parte de los poderes públicos.
Hasta el día de hoy, sólo el Gobierno de una comunidad autónoma, Madrid en este caso, ha aceptado la petición de Vox para detener la locura trans. Es verdad que a regañadientes de la presidenta Ayuso, que ha postergado la modificación de la ley a la próxima legislatura, deducimos que en la esperanza de que una quimérica mayoría absoluta le permita mantenerla. Ojalá que no. Pero al menos en el diario de sesión de la Asamblea madrileña queda la promesa del PP de aceptar la propuesta de Vox para acabar con una ley aberrada que permite la administración de bloqueantes de la pubertad, mutilaciones y esterilizaciones a menores de edad. Del resto de las comunidades, da igual si gobernadas por socialistas, separatistas o populares, nada sabemos. O bien al contrario, ya sabemos que no.
Este es el caso del presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juan Manuel Moreno Bonilla, quien desde la mayoría absoluta de la que disfruta, se negó hace pocos días a tocar ni una coma de la Ley Trans andaluza mientras afeaba «los postulados ideológicos minoritarios de Vox».
No hay nada ideológico en detener una aberración acientífica. Todo lo contrario. Y desde luego no es una posición minoritaria. Será minoritaria entre los políticos, sobre todo entre los del consenso socialdemócrata en el que chapotea feliz el Partido Popular junto a la izquierda incompetente, pero es mayoritaria hasta aproximarse a la unanimidad en la comunidad médica. La misma comunidad que fue ninguneada en el proceso de aprobación de estas leyes ideológicas que son la causa del aumento exponencial de los falsos casos de disforia de género entre menores.
Ante la evidencia de que otros países —sobre todo los nórdicos, idealizados por la tiranía del consenso progresista que manda en España— dan marcha atrás a toda prisa en un asunto que ya ha causado daños irreversibles a un buen número de menores, urge que todos aquellos partidos que aprobaron, consintieron y todavía defienden estas leyes, recuperen la sensatez perdida hace demasiado tiempo y rectifiquen como exige Vox.
Lo sensato y, por lo tanto, lo urgente, es derogar estas pésimas leyes. Será por el bien de los menores que algún día serán adultos y que desde el daño que les hayan causado los partidos que promovieron cambios irreparables en sus vidas y en sus cuerpos, exigirán responsabilidades, con todo el derecho del mundo, a los políticos que alentaron su confusión. Es decir: a los Moreno Bonilla, a los Feijoo, a los Sánchez & Montero y al resto del consenso que los desampararon frente a su inmadurez.
