'Ser es defenderse'
RAMIRO DE MAEZTU
EDITORIAL |
14 de diciembre de 2021

Una izquierda peligrosa para la infancia

Cualquiera, incluso un comunista descerebrado (pleonasmo), coincide en que la protección de la infancia es un deber de orden moral. El Estado debe poner los medios adecuados para garantizar los derechos de los niños, sobre todo en lo que se refiere a la protección de la integridad física del menor, y la salvaguarda del derecho constitucional de los padres, cuya autoridad sobre los hijos es natural y prepolítica, a elegir la educación que crean más conveniente para ellos sin injerencias. Los ponentes constitucionales —con los reparos socialistas habituales— así lo entendieron y los españoles así lo refrendaron en 1978. Cualquier interpretación posterior es sólo un desvío indecente de un derecho constitucional que no debe ser conculcado, y mucho menos por los poderes públicos.

En la protección a la infancia, insistimos, todas las personas normales estamos de acuerdo en que la infancia requiere una cuidadosa protección de los poderes públicos que jamás —nunca— debe usarse con fines políticos. El Gobierno del color y la forma monstruosa que sea sólo está facultado para adoptar las medidas necesarias para proteger el derecho natural de los niños a crecer seguros y a desarrollar su propia personalidad, sin adoctrinamientos ideológicos ni supuestos derechos inventados que sólo buscan el fin perverso de vulnerar, primero, y extralimitar, después, la potestad jurisdiccional de los Servicios Sociales.

Una infancia lo más feliz posible es el mejor recuerdo que puede tener una persona durante el resto de su vida. Debería causarnos un profundo malestar la sola idea de que desde el Gobierno y desde unas administraciones ideologizadas se pueda llegar a desoír ese mandato moral de protección de la infancia. Una sociedad que pretenda pervivir no puede, en modo alguno, permitir que un cuerpo ideológico extraño pueda llegar a dañar a un niño.

Y sin embargo, esto es, con exactitud, lo que ocurre en España.

El caso jamás bien investigado de las menores tuteladas y prostituidas en Baleares, los casos de abusos sexuales cometidos por personas allegadas a determinados políticos izquierdistas que obstaculizaron las investigaciones; los casos de niñas agredidas por bandas de ilegales que nunca, en ningún caso, deberían estar en España. Por supuesto, no podemos olvidarnos del caso del menor catalán acosado junto a sus padres por hordas de separatistas catalanes por exigir su derecho a recibir una parte de su educación en español y, al fin, y después de un largo y doloroso etcétera que incluye el adoctrinamiento sistemático en las aulas, el caso de Juana Rivas.

Este caso es ejemplo de todo lo expuesto. Que por ideología el Gobierno socialcomunista de Sánchez se haya permitido maniobrar a favor de una secuestradora convicta por el hecho de ser mujer y en contra de la obligación de proteger la integridad física de uno de sus hijos menor de edad, es una aberración que nos obliga a cuestionarnos la salud moral de este Gobierno, de los partidos que lo sustentan y, sobre todo, de esa parte de la sociedad que todavía los apoya.

Este Gobierno que alienta el efecto llamada que multiplica la inseguridad en las calles —calles que también son de los niños—, es la parte visible de un iceberg izquierdista que hace tiempo, desde 2004 por lo menos, decidió echarle un pulso a la Constitución y al Estado de Derecho para desconstruir España con políticas identitarias que enfrentan a los españoles sin importar el daño que pueden causar. Lo vimos venir, y lo avisamos, pero reconocemos que jamás pensamos que se atreverían a hacer daño a los niños. Deberíamos haber pensado más fuerte.

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