La izquierda, que siempre trata de imponer sus dogmas -y de proteger a sus iconos aunque estén condenados por la justicia-, ha salido a criticar al juez Manuel Piñar por rechazar la libertad de Juana Rivas -tras el indulto parcial que le concedió el Gobierno- por el abuso sexual contra uno de sus hijos mientras estaba bajo su cuidado y custodia, según dictaminó la pediatra, un forense y manifestó el propio menor.
Así, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, tildó el rechazo a la libertad a la mujer condenada a dos años y medio de cárcel por un delito de sustracción de menores de «violencia institucional» y la delegada del Gobierno para la violencia de género, Victoria Rosell, aseguró que no se puede «imponer la ideología misógina» a la ley. La directora del Instituto de las Mujeres, la comunista Toni Morillas, incluso se atrevió a hablar de «insoportable justicia patriarcal» que «en lugar de proteger a las víctimas se ensaña con ellas».
Este caso vuelve a mostrar que todo vale para la izquierda con tal de disculpar a unos delincuentes cuyos delitos desmontan sus mantras ideológicos. Y que es un peligro manifiesto para los niños. Ahí está el acoso tolerado por el Ejecutivo socialcomunista y alentado por la Generalitat al menor de Canet de Mar (Barcelona) cuya familia recurrió a los tribunales para que su hijo pudiera ejercer su derecho a cursar un 25% de la enseñanza en español.
Mientras el Gobierno de Pere Aragonès -de ERC, socio de Pedro Sánchez- ha jaleado el linchamiento público a la familia y ha subrayado que asegurará la inmersión lingüística en contra del criterio fijado por los tribunales -una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirmada por el Tribunal Supremo fija que un mínimo del 25% de la enseñanza se debe impartir en español-, el Ejecutivo izquierdista se mantiene en silencio, callando ante los atropellos.
Y el PSC, la sucursal catalana del PSOE, leal defensor de la inmersión, muestra una equidistancia cómplice al considerar que tanto los secesionistas que acosan como los que defienden el derecho a la escolarización en español «instrumentalizan la lengua y la educación», y «se retroalimentan».
El peligro que suponen PSOE y Podemos para los menores se muestra también en su oposición a la prisión permanente revisable para pederastas. Ambas formaciones siguen insistiendo en la idea de la reinserción olvidando que el fin de la prisión debe ser -en primer lugar- proteger a la sociedad de tales desalmados.
Y en la complicidad ante los abusos sexuales a menores que están bajo la tutela de Gobiernos socialistas -como en Baleares-. Toda la izquierda se negó a constituir una comisión de investigación y trató de anular la misión aprobada en el Parlamento Europeo para esclarecer el escándalo.
El afán adoctrinador para robar la infancia y la inocencia a los niños es otra muestra de lo poco que les importan. Precisamente este lunes se ha conocido que una juez determinó en una sentencia que el Ayuntamiento de Getafe -dirigido por la socialista Sara Hernández– violó derechos fundamentales al repartir en centros educativos unas guías ideológicas sobre sexo en las que se atacaba a la Virgen María y se animaba a los menores a masturbarse.
La juez estimó que esas guías, que tenían como objetivo -según la propia regidora- que «todos los niños, todos los adolescentes y todos los jóvenes del municipio tuvieran relaciones sexuales satisfactorias e igualitarias«, vulneraron el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
