El Estado lleva unos días actuando como si no tuviera un pasado que redimir ni un pedigrí democrático que demostrar. Una situación inédita que, impulsada por los tribunales de justicia, abre un nuevo escenario en la gestión del problema separatista.

Dos ideas salieron muy desprestigiadas del régimen de Franco: la derecha política y la nación española. Por oposición, la izquierda y los diferentes movimientos nacionalistas resultaron reforzados y fueron ungidos de una hiperlegitimación que aún conservan. Y es gracias a esa dinámica moral y política que estamos donde estamos.
Así, el relato de los últimos cuarenta años vendría a ser más o menos el siguiente: el Estado español, siempre sospechoso y deficitario en términos democráticos, ha transigido con las interminables demandas de los partidos nacionalistas para hacerse perdonar unos pecados de los que no es responsable y ser aceptado por los propios nacionalistas como aceptable y democrático.

José Antonio Ardanza, y sobre todo Jordi Pujol, rentabilizaron al máximo un estatus quo político y moral que mantuvo al Estado durante décadas políticamente maniatado. La claudicación del Estado se hizo patente a través de concesiones permanentes y, sobre todo, por medio de la aceptación de una política de insubordinación jurídica continuada por parte de los partidos nacionalistas.
La actitud sumisa del Estado, por complejos históricos y por evitar una reacción victimista que alimentara la causa separatista, ha venido amparando la construcción de facto de un Estado dentro de otro Estado.

Transigir con un interminable listado de delitos

Cataluña, con el consentimiento de los diferentes gobiernos de España, ha ignorado cuantos fallos judiciales han pretendido obstaculizar su proyecto ‘nacional’. En palabras del escritor (y abogado) Jesús Laínz, “si España fuese de verdad un Estado de Derecho no se habría podido llegar hasta esta situación, ya que los procesos se habrían ido celebrando a lo largo de los últimos cuarenta años contra todos los que, desde sus cargos escolares, funcionariales, mediáticos, policiales y políticos, han cometido todo tipo de delitos: prevaricación (art. 404 del Código Penal), desobediencia (art. 410), malversación (art. 432), obstrucción a la justicia (art. 464), rebelión (arts. 472 y siguientes), usurpación de atribuciones (art. 506), incitación al odio (art. 510.1.a), denegación de la prestación de un servicio público (art. 511), ultrajes a España (art. 543), sedición (arts. 544 y siguientes), resistencia y desobediencia a la autoridad (art. 556)”.

La insubordinación consentida se ha producido en todos los ámbitos de la administración y con todos los ejecutivos autonómicos, mas ha sido la Educación, piedra angular del proyecto de ‘construcció nacional’, donde la insumisión de la Generalitat ha sido más obstinada. Sólo desde 2010 se han desoído más de veinte fallos que exigían la presencia del idioma español en las aulas catalanas. La indisciplina legal, inconcebible en cualquiera otra democracia europea, ha terminado por establecerse como un modus operandi cotidiano del que el separatismo se ha venido jactando.

Esta actitud pusilánime de Madrid, lejos de aplacar al separatismo lo ha alimentado. El Estado entendió que la única manera de saciar a un tigre hambriento era dejarse devorar por él. Poco a poco. Lentamente. Y así es como el modelo autonómico se sumió en una dinámica suicida cuyo resultado natural era la actual insurrección.

El Estado reacciona (cuarenta años después)

Sin embargo, de unos días a esta parte, el Estado, sin duda movido por un elemental sentido de supervivencia, parece haber despertado de su letargo. Tarde, a juicio de muchos, a la desesperada, y a rebufo de las decisiones judiciales, pero el Estado está actuando, por fin, como si no tuviera un pasado que redimir ni un pedigrí democrático que demostrar. La mayor crisis de Estado de la democracia ha hecho sonar todas las alarmas: «Fiat justitia, ruat coellum» (‘Hágase la justicia, aunque se hunda el cielo’, Lucio Calpurnio Pisón Cesonino, S.I a.C).

Se suspenden de manera fulminante las llamadas leyes de “del referéndum” y “de transitoriedad”, la Fiscalía notifica a los Mossos d’Esquadra que los actos de “autoridades, funcionarios públicos o particulares en connivencia con los anteriores, dirigidos a la preparación y celebración del referéndum” son “indiciarios de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación” y por lo tanto, deben ser perseguidos. Se moviliza a la Guardia Civil, que reaparece en Cataluña después de décadas, para que inspeccione imprentas, periódicos y cuantos inmuebles sean susceptibles de albergar material pro-referéndum. Se ha imputado nada menos que a setecientos alcaldes por presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos. Caso de no acudir, serán detenidos. Se han intervenido las cuentas de la Generalitat. Y se ha advertido a los bancos, a los funcionarios y a operadores de telefonía que deben colaborar con el Estado, so pena de participación en un delito. Un celo inédito que prevé incluso apagones eléctricos y tecnológicos.

La dinámica ha cambiado. El mundo separatista no esperaba esta reacción. Altos cargos de la Generalitat le confesaban al periodista de La Vanguardia Enric Juliana que temen “una carnicería” entre los dirigentes del gobierno autonómico. Encarcelados o inhabilitados, lo que parece seguro es que una generación entera de políticos catalanes quedará fuera de la función pública. Y antes ya se marcharon, voluntariamente, y a la vista de la previsible reacción del Estado, los consejeros Neus Munté, Jordi Jané y Meritxell Ruiz. E innumerables dirigentes de rango intermedio. Medios abiertamente separatistas como ‘Ara’ han dejado de emitir publicidad del referéndum, e incluso un alcalde de ERC ha abandonado el cargo antes de comprometerse con el 1-O.

Apelan algunos a la “gestión política” de la actual crisis de Estado, ignorando que la gestión jurídico-administrativa es también gestión política. La dimensión coactiva y punitiva de las leyes tiene consecuencias políticas. Disuade la delincuencia. En España lo habíamos olvidado.
La Constitución, fundamentada en la “indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”, parece volver a operar en Cataluña. Se abre un nuevo escenario.

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