Quiere garantizar que «a partir de ahora» no se destine «ni un euro» a financiar una actividad ilegal.
El Gobierno ha intervenido las cuentas de la Generalitat al asumir el pago de los servicios esenciales en Cataluña y ha dado 48 horas al presidente catalán, Carles Puigdemont, para que adopte un acuerdo de no disponibilidad del resto del presupuesto que garantice que no se desvíen fondos al 1-O.
Ha aprobado un mecanismo de control de pagos para Cataluña, que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha definido como «novedoso» y que, según ha anunciado, explicará la próxima semana en una comparecencia a petición propia en el Congreso de los Diputados.
Puigdemont deberá acreditar los pagos pendientes de la Generalitat y certificar que no van destinados al referéndum secesionista.
«El Estado sustituye en los pagos a la comunidad, no completamente, pero sí en la mayoría de pagos esenciales», ha dicho Montoro quien especificó que el Gobierno pagará directamente «todos los servicios públicos fundamentales», incluidas las nóminas de los funcionarios que los presten.
De esta manera, el Estado no enviará nuevas transferencias a Cataluña para pagar los servicios públicos fundamentales, sino que abonará directamente estos servicios a los proveedores una vez que la Generalitat certifique todos los gastos que tiene pendientes. Montoro ha dicho que esta medida de control de pagos se prolongará durante el tiempo que dure la «situación de excepcionalidad» que han provocado los dirigentes de la Generalitat con la convocatoria de un referéndum ilegal y mientras éstos «se sigan negando a cumplir la ley».
«No estamos sustituyendo competencias sino garantizando que los pagos no van a ninguna actividad ilegal», ha remarcado Montoro que se ha mostrado convencido de que la Generalitat terminará cumpliendo el requerimiento del Gobierno central.
Además, el Ejecutivo enviará el acuerdo adoptado a las entidades de crédito para que exijan que cualquier pago de la Generalitat esté acompañado de un certificado de la Intervención General, y si detectan cualquier irregularidad deberán comunicarlo al Ministerio Fiscal.
El Gobierno, según un comunicado de Hacienda, también limita todas las operaciones de endeudamiento de la Generalitat, incluso a corto plazo, ya que deberán tener autorización previa del Consejo de Ministros.
El plazo de 48 horas al Govern comienza a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del acuerdo del Consejo de Ministros y la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que se materializará a principios de la próxima semana, según Montoro. «Estamos intentando evitar las malas ideas, en términos de lo que esté pensando pagar e intentado evitar que incurran en la misma ilegalidad en la que ellos mismos se están situando», ha señalado el ministro en alusión a Puigdemont.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz Íñigo Méndez de Vigo, que ha criticado además la Diada del pasado día 11 al señalar que fue «una minoría social se ha apropiado de ella» y que «muchos catalanes sufren discriminación y son tratados de súbditos», ha señalado que «estas medidas no descartan otras» como la aplicación del artículo 155 y que el Ejecutivo «va a preservar la concordia» porque «es el Gobierno de todos». En este sentido, ha pedido a los españoles que tengan confianza en el Gobierno porque sabrá «administrar la fuerza de la democracia».
La Fiscalía abre diligencias por el acto en Tarragona
Cuestionado por permitir el acto de inicio de campaña por el referéndum ilegal este jueves, ha asegurado que «el Gobierno no impide actos, son las autoridades judiciales las que lo hacen». «Muchas veces lo que hacen es decir que un acto es ilegal y eso tiene unos procedimientos y unas formas», ha dicho Méndez de Vigo.
Cabe señalar que la Fiscalía de Tarragona ha abierto diligencias para investigar el acto unitario que el independentismo celebró en la Tarraco Arena Plaza para a favor del referéndum ilegal del 1 de octubre.
El ministerio público ha abierto diligencias de investigación para averiguar si la celebración de ese acto, que protagonizó entre otros el presidente catalán Carles Puigdemont, puede ser constitutivo de delito por desoír la suspensión del 1-O y sus actos de preparación, acordada por el Tribunal Constitucional.
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