El pasado 28 de septiembre se hizo pública la cifra de la infamia: en 2022, España acabó con 98.316 bebés. O mejor dicho, España permitió silentemente acabar con la vida de casi cien mil niños que no llegaron a nacer. No es el número de la Lotería, no es ni siquiera una inocentada propia del día. Son 98.316 vidas truncadas en el seno marterno.
La cifra fue precisamente publicada el Día Mundial del Aborto Seguro, porque en la España del siglo XXI hay días para todo, hasta para celebrar la muerte. Así, la tasa de abortos en 2022 fue de 11,68 por cada 1.000 mujeres, frente a los 10,70 de 2021. Una tendencia abortista que no para de crecer.
La página web de la Moncloa, pocos días después de conocer los datos, celebró la noticia y reivindicó la libertad de la mujer para decidir si ser madre. Si serlo de un hijo vivo o de uno muerto, claro. «El 94,94% de las IVE tuvieron lugar sin tener que ser informadas por ningún facultativo, con la única decisión de la mujer».
Un porcentaje pequeño para el Gobierno de Pedro Sánchez, que pretende seguir incrementando el número de abortos: «Sanidad tiene el firme propósito de seguir garantizando el derecho a las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, mejorando el acceso a esta prestación dentro del Sistema Nacional de Salud».
Este pretendido «derecho» sin embargo acaba con la vida humana. Tal y como indican todos los estudios médicos, a partir del día 16 el feto ya tiene corazón en funcionamiento y el día 20, en la tercera semana tras la concepción, ya bombea líquidos por los vasos sanguíneos. Entre la novena y décima semanas de gestación casi todos los órganos del feto ya están formados y aún así el aborto es legal. Y promovido. Y seguro. Bien, pues un 25% de los abortos practicados en España el año pasado se dieron tras la novena semana de gestación, esto es, acabaron con fetos completamente formados.
