El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha aludido a una «injerencia» en sus derechos fundamentales en el recurso en el que pide al juez Leopoldo Puente que limite la investigación en el Tribunal Supremo «exclusivamente al caso mascarillas». Esta mención no es casual: según juristas consultados, podría estar preparando el terreno para presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de su derecho a la intimidad.
En su escrito, registrado este miércoles ante el Alto Tribunal, Ábalos no sólo solicita acotar el alcance de las diligencias, sino que denuncia que está siendo objeto de una investigación «prospectiva», sin relación directa con su labor como titular de la cartera de Transportes, según adelanta The Objective. A juicio de Ábalos, se trata de una actuación desmedida que ha rebasado los límites del procedimiento penal y ha invadido su esfera privada, especialmente a raíz de las pesquisas económicas iniciadas por la Guardia Civil.
El detonante fue un auto dictado el pasado 20 de marzo por el magistrado Puente, quien, tras recibir un extenso informe patrimonial de la Unidad Central Operativa (UCO), solicitó la documentación fiscal y bancaria de Ábalos correspondiente a los últimos diez años. En ese informe, los agentes identificaban propiedades del exministro en Colombia, Perú, Madrid y Valencia, además de varios automóviles y más de 260 cuentas bancarias, la mayoría vinculadas al PSOE, formación en la que desempeñó el cargo de secretario de Organización entre 2017 y 2021.
La defensa de Ábalos sostiene que estos datos, muchos de ellos de carácter personal o familiar, nunca debieron incluirse en un documento policial sin una revisión previa que evitara perjuicios. Considera que hubo una «extralimitación evidente» por parte de los investigadores, lo que, a su juicio, desvirtúa la objetividad exigible a cualquier informe pericial. Además, recalca que la información recabada no guarda conexión con los hechos investigados, reforzando su argumento de que se trata de una pesquisa generalista y sin un objeto claro.
El propio juez Puente, en sus fundamentos jurídicos, admitía que las diligencias solicitadas por la UCO implican una intromisión en los derechos fundamentales del investigado, especialmente en lo relativo a la protección de su intimidad y vida privada, recogida tanto en el artículo 18.1 de la Constitución como en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esta mención, recogida por la defensa, podría servir ahora como base para escalar el asunto al ámbito constitucional.
En este sentido, fuentes jurídicas apuntan que la estrategia de Ábalos responde a un movimiento táctico. Si pretende acudir al Tribunal Constitucional, debe haber planteado la supuesta vulneración de derechos durante el proceso ordinario, tal y como exige la ley. Esa invocación previa es uno de los requisitos imprescindibles para que el recurso de amparo sea admitido a trámite.
